Los miembros estarán en Bolivia entre el 12 y el 14 de mayo para sostener reuniones con las instituciones que conforman el sector justicia del país.
El apoyo está dirigido a cubrir las necesidades más urgentes de las familias que sufrieron la crecida de ríos, cultivos destruidos, viviendas, caminos y puentes.
Durante el encuentro, se establecieron acuerdos clave que prometen un impacto directo en la efectividad del sistema de justicia penal en Bolivia.
El municipio de Luribay sufrió la crecida del río que destruyó cultivos de frutas y hortalizas, afectó viviendas, caminos y un puente, que quedaron intransitables.
La asfixia fue la principal causa de muerte de los menores de edad, representando el 42,11% de los casos, seguida por golpes o traumas con un 26,32% de los hechos.
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