En 2020, Murillo, entonces ministro de Gobierno, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de una empresa brasileña.
La autoridad del Gobierno señaló que el exmandatario “está acostumbrado a mentir sistemáticamente”, con el meta de desprestigiar el trabajo del Ejecutivo.
El privado de libertad intentó escapar por uno de los muros colindantes a una vivienda particular.
El procurador general del Estado, César Siles, anticipó que se gestiona la repatriación de estos fondos al Estado boliviano como parte del daño económico que supera los $us 2,3 millones.
El dictamen es de cumplimiento obligatorio, según el artículo 410 de la CPE.
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