En su calidad de vicepresidente de ALAP y con el respaldo unánime de los miembros, tendrá el honor de organizar la III Conferencia Latinoamericana de ese organismo.
Necesitamos cambiar las normas porque las actuales están “permitiendo que algunos fiscales, algunos jueces se hagan ricos”, aseguró Del Castillo.
Con la anotación de bienes de los investigados y con las cuentas de la empresa congeladas se busca garantizar la recuperación del daño económico causado al Estado boliviano.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, remarcó que la mayoría de las fábricas destruidas estaba emplazada en el Trópico de Cochabamba.
El procurador del Estado, Cesar Siles, anunció que la denuncia se presentaría, “a título personal”, ante la Fiscalía esta semana que viene.
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