Fue sentenciado a 22 años de prisión y en 2031 culminará su condena en la cárcel de San Antonio de Cochabamba.

Esta orden alberga a la mayoría de pederastas y violadores que fueron denunciados en su momento por víctimas y colegas religiosos.

El encubrimiento podría ser sancionado con hasta ocho años de privación de libertad, de acuerdo con la gravedad del delito.

La exautoridad fue convocada en calidad de “sindicado” y deberá acudir al Ministerio Público, ubicado en la calle Potosí, el 17 de mayo a las 09.00, en compañía de su defensa legal.