Las causas de muerte de la primeras cuatro víctimas encontradas incluyen lesiones en los centros nerviosos superiores y traumatismos craneoencefálicos penetrantes por proyectil de arma de fuego.

Ante la ausencia del excívico, Marco Antonio Pumari, uno de los principales acusados.

Más de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas están desplegados en la zona para colaborar en las tareas de rescate y asistencia.

El gobierno del presidente Luis Arce reafirmó su compromiso con la interdicción como una medida clave para combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad de la población, cumpliendo con los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.