Cuatro policías murieron en los puntos de bloqueo. El Gobierno apunta a exautoridades y líderes originarios como autores intelectuales del ataque.
El Gobierno identificó a un exviceministro de Evo Morales y a varios dirigentes del ayllu Chullpa como responsables de la emboscada armada en Llallagua, donde murieron cuatro policías.
El hecho, calificado como una acción política organizada, revela posibles vínculos con intereses desestabilizadores y hasta con el narcotráfico.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reveló ayer jueves la identidad de varios implicados en la planificación y ejecución de los actos violentos registrados en Llallagua (Potosí), donde cuatro efectivos de la Policía Boliviana perdieron la vida en una emboscada.
Entre los responsables identificados figuran un exviceministro del gobierno de Evo Morales y dirigentes del ayllu Chullpa.
“Tenemos identificadas a varias personas, aparte de los detenidos. El señor Valentín Ticona Colque, un exdiputado, lo que demuestra una intervención de carácter político. También Gualberto Ríos, quien actúa como mallku del ayllu Chullpa; además del señor Raúl Achata, Milán Mamani, Jimmy Gutiérrez, Óscar Policarpio y Royer Flores, todos vinculados al ayllu Chullpa”, detalló Aguilera.
La autoridad indicó que Ticona Colque, exdiputado y exviceministro de Tierras durante la gestión de Morales —nombrado mediante Resolución Suprema 18150 en 2016—, está vinculado a los hechos violentos, lo que confirma una injerencia política en los acontecimientos de Llallagua.
Aguilera desmintió además versiones sobre una presunta agresión contra el ayllu Chullpa. “Quiero desmentir que el ayllu Chullpa haya sufrido una agresión. Se trató de una pequeña intervención. Evidentemente eso no justifica, de ninguna manera, el sitio a la ciudad de Llallagua, el uso de armas de fuego y la violencia excesiva contra quienes somos sus hermanos”, declaró.
Afirmó que los actos registrados no responden a movilizaciones espontáneas, sino a una acción organizada con objetivos políticos, económicos y, posiblemente, vinculaciones con el narcotráfico. Señaló que existen pruebas audiovisuales que comprometen directamente a los implicados.
“El punto focal de las medidas de presión busca romper el equilibrio institucional, desestabilizar el Estado y suspender las elecciones generales”, advirtió. Reiteró el compromiso del Gobierno de llevar ante la justicia a todos los responsables.
Finalmente, Aguilera calificó los hechos como actos de “carácter criminal y delictivo” y subrayó que “tales agresiones no son protestas. Han merecido el repudio de la sociedad”.
La emboscada en Llallagua ocurrió en el marco de los bloqueos impulsados por sectores ligados al dirigente cocalero Evo Morales, quienes exigen su habilitación como candidato presidencial para las elecciones de 2025, pese a la prohibición constitucional.
AEP
