Pérez Del Castillo solicitó, además, al Órgano Judicial que se ordene la elaboración de un nuevo estudio técnico que comprenda estándares de calidad, cumplimiento de rutas completas, control de trameaje y la implementación de tarifas diferenciadas.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la acción popular que presentó la concejal paceña Roxana Pérez Del Castillo, en la que exige al Legislativo municipal hacer cumplir normas para un transporte público digno, ordenado y seguro.
La acción popular fue interpuesta el 15 de abril. La concejal y vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz exige que se garantice un servicio de transporte seguro y accesible.
Pérez Del Castillo solicitó, además, al Órgano Judicial que se ordene la elaboración de un nuevo estudio técnico que comprenda estándares de calidad, cumplimiento de rutas completas, control de trameaje y la implementación de tarifas diferenciadas.
“La ciudadanía está pagando más por un servicio que no mejora. Es inaceptable que se imponga un tarifazo mientras se incumple la ley y se desprotege a los más vulnerables”, afirmó la concejal.
Además denunció que la alcaldía no fiscalizó ni controló adecuadamente al sector del transporte desde 2016.
Según el estudio técnico del propio Gobierno municipal, los operadores no cumplen con estándares mínimos de calidad, seguridad y comodidad.
“El deber del Ejecutivo edil es ejercer control sobre las paradas, eliminar el trameaje, garantizar el mantenimiento de vías y una planificación eficiente en materia de movilidad. Esta acción popular exige precisamente que el alcalde cumpla con estas responsabilidades”, manifestó.
La Sala Constitucional fijó audiencia para el 23 de abril, cuando el alcalde Iván Arias deberá estar presente.
“Si ganamos, si La Paz obtiene la tutela, se verán obligados a garantizar condiciones de calidad y de calidez en los servicios de transporte”, dijo.
AEP
