La nueva norma excluye los anuncios en minibuses, buses y vehículos privados de la Ley 216, poniendo fin a operativos y cobros arbitrarios del municipio.
El Concejo Municipal de La Paz aprobó una norma que excluye a la publicidad emplazada en medios de transporte público y privado de los alcances de la Ley Municipal Autonómica 216. La medida implica que el alcalde Iván Arias ya no podrá ejecutar operativos de control ni imponer sanciones sobre este tipo de anuncios. La disposición será remitida al órgano ejecutivo edil para su promulgación y puesta en vigencia.
El concejal Javier Escalier explicó que el artículo 1 de la norma establece que la publicidad en transporte queda fuera de la Ley 216 y sus reglamentos. El artículo 2 fija condiciones mínimas: los anuncios no deben obstaculizar la visibilidad de conductores ni pasajeros, no pueden incluir luces o música, ni exceder la capacidad natural del vehículo.
La norma fue aprobada en primera instancia por la Comisión de Planificación y Gestión Territorial, integrada por los concejales Sogliano y Escalier, impulsores de la modificación.
Escalier destacó que esta medida corrige años de arbitrariedades cometidas por la alcaldía a través de operativos de control.
“Se usaba como excusa la seguridad vial, pero en la práctica el Ejecutivo cobraba patentes para autorizar la publicidad móvil. Si realmente existiera un problema de visibilidad, no se resolvería con un simple pago. Eso era incoherente y abusivo”, afirmó Escalier.
En los últimos meses, la alcaldía había realizado operativos contra anuncios colocados en minibuses, buses y otros vehículos, con el alegato de cumplimiento de la Ley 216. Sin embargo, los funcionarios reconocían que la publicidad podía emplazarse pagando una tasa anual de Bs 400 por metro cuadrado.
El concejal agregó que “ese doble discurso terminó desvirtuando el objetivo de la norma. Mientras se argumentaba cuidar la visibilidad, en los hechos se trataba de una recaudación arbitraria.
Además, los funcionarios llegaban a tapar anuncios con carteles mucho más grandes que los mismos letreros, con la leyenda ‘Publicidad no autorizada’. Eso era un exceso inaceptable”.
Escalier también cuestionó la falta de respaldo técnico y jurídico en los informes que sustentaron la aplicación de la Ley 216 desde 2016. “La norma hablaba de cuatro tipos de publicidad, pero los informes omitieron justificar la llamada publicidad móvil. Esa omisión abrió espacio a interpretaciones discrecionales que derivaron en operativos irregulares y sanciones injustas. Con la nueva disposición, se pone fin a esa contradicción”, explicó.
En ese contexto, recalcó que el Concejo actuó dentro de sus competencias legislativas, según la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. “La Alcaldía debe entender que el Concejo tiene la facultad de dictar leyes municipales. Esta es una medida que busca transparencia, coherencia normativa y respeto a la actividad económica sin afectar la seguridad ciudadana”, concluyó.
AEP
