Responsabilizan por los hechos a la empresa Kantutani y a los alcaldes de Achocalla y de La Paz, Manuel Condori e Iván Arias, respectivamente.
La madrugada del 24 de noviembre, una mazamorra, atribuida al movimiento de tierras por parte de trabajadores del cementerio Los Andes, de la empresa Kantutani, afectó a 40 viviendas, además de cobrar la vida de una niña.
Inmediatamente, el Gobierno nacional movilizó personal y recursos para apoyar a las familias afectadas, llevando adelante trabajos de rescate y posterior respaldo a los damnificados. Incluso ofreció construir viviendas para los necesitados.
Sin embargo, el desastre develó, tal como lo vinieron anticipando algunos concejales de la alcaldía paceña, que el burgomaestre de La Paz no presentó ni tiene un plan de emergencias ante estos desastres.
Si bien Arias lanzó el Plan Integral de la Tormenta, con el objetivo de atender emergencias en cinco cuencas de la ciudad de La Paz, sin embargo la estrategia se presentó sin la información sobre el estado del mapa de riesgos.
“Si bien el alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó el Plan Integral de la Tormenta, no incluyó en su presentación el estado del mapa de riesgos, cuya entrega estaba comprometida para febrero de este año”, denunció el concejal Javier Escalier. “El alcalde no elaboró un plan de contención ni mitigación de riesgos pese a que fue exigido a través de una minuta de comunicación. En cambio (Arias) pidió que la Alcaldía de Achocalla lo haga, pese a que la zona donde se produjo la emergencia está en el municipio de La Paz”, agregó.
También, la concejala Roxana Pérez Del Castillo responsabilizó a los alcaldes de La Paz y de Achocalla por el deslizamiento en Bajo Llojeta, que dejó 40 familias afectadas. “Lamentablemente, el alcalde Iván Arias no hizo nada, miró de palco lo que estaba sucediendo y no accionó, convocando a su par para encontrar una respuesta que permita resguardar los derechos y garantías de la población paceña”, dijo.
Tal fue la preocupación, que incluso asambleístas de la oposición plantearon que el alcalde de La Paz, Iván Arias, sea objeto de un proceso por incumplimiento de deberes que provocaron el desastre en Bajo Llojeta.
“Sin duda es incumplimiento de deberes, ese dinero se debía haber priorizado para evitar este tipo de atentados contra la ciudadanía y debería haber políticas de prevención. Sin duda, aquí hay un incumplimiento por parte del alcalde Iván Arias”, expresó Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana.
Investigaciones y aprehendidos
Luego de los lamentables hechos, se iniciaron las investigaciones. Fueron sujetos de las mismas el propietario de la empresa Kantutani y los alcaldes de Achocalla y La Paz, dado que se mostraron evidencias de que ambos tenían conocimiento e incluso aprobaron los movimientos de tierra que terminaron en el desastre, pues fue también señalado por la empresa Kantutani en un comunicado oficial.
Luis Enrique Gonzalo Iturralde, el empresario de la inmobiliaria Kantutani, salió del país la tarde del lunes desde la ciudad de Santa Cruz. Llegó a Perú y cuando estaba por ingresar a Santiago de Chile se lo detuvo y devolvió a Perú, como resultado de una orden de captura internacional activada por Interpol.
Luego se citó a los alcaldes de Achocalla, Manuel Condori, y al de La Paz, Iván Arias, a declarar ante la justicia por estos hechos. Fruto de esto, Condori fue aprehendido, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio contra el autor o autores, por los delitos de otros estragos y peligro de estragos con agravante. También Arias fue citado, pero para brindar su declaración informativa, sin embargo la misma fue reprogramada.
Apoyo gubernamental
El mismo día del desastre, el presidente Luis Arce llegó hasta la zona e hizo un recorrido por los lugares afectados por una mazamorra, escuchó los reclamos y pedidos de ayuda de los afectados y comprometió la reconstrucción de viviendas y una investigación.
También entregó un lote de 1,7 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos y ropa para los afectados. Defensa Civil desplazó personal y maquinaria para ayudar a los afectados y buscar a una niña declarada desaparecida.
Asimismo, el Viceministerio de Defensa Civil reforzó los trabajos de mitigación del riesgo con maquinaria pesada, movilizó a 600 militares y entregó kits de herramientas y protección personal a los vecinos. También se brindaron servicios de atención médica, además de tratamientos psicológicos y otros para mitigar las consecuencias de este desastre.
El legislativo NO APRUEBA PROYECTOS
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, exigió a los asambleístas aprobar los proyectos de ley para la atención de desastres que beneficiarán a los municipios que tienen problemas por catástrofes naturales. La autoridad mencionó que se trata de tres proyectos normativos, que suman un monto de $us 443 millones.
Según los datos, una de las propuestas es el proyecto de Ley 9695, Préstamo para la Resiliencia Climática, por más de $us 118,5 millones; un segundo es el 562/2023, Préstamo para Apoyo a la Gestión de Riesgos ante los Fenómenos Adversos del Clima, por más de $us 75 millones; y otro es el proyecto 573/2023, Préstamo para Contingencias de Emergencia para Desastres Naturales y Salud Pública, por más de $us 250 millones.
“Los tres proyectos suman un total de más de 443 millones de dólares, ahí están los recursos. (Les interesa) a los alcaldes de los departamentos, porque no solamente es para el municipio de La Paz”, dijo en referencia a la reciente emergencia suscitada en el municipio paceño, en la zona de Bajo Llojeta.
La Paz/AEP
