El sistema de monitoreo paritario permitirá realizar una evaluación exhaustiva de la implementación de la Recomendación N° 39 de la CEDAW y el capítulo H del Consenso de Montevideo.
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) —a través del programa de Mujeres Indígenas (Milac), en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)— instaló el primer sistema de monitoreo paritario que evaluará la implementación de los derechos de niñas y mujeres indígenas en Latinoamérica.
El sistema de monitoreo paritario, conformado por gobiernos y pueblos indígenas, permitirá realizar una evaluación exhaustiva de la implementación de los Estados de América Latina y el Caribe de la Recomendación N° 39 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el capítulo H del Consenso de Montevideo.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo establece siete medidas prioritarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, tal como se establece en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con el segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo, los planes y programas dirigidos a dar cumplimiento a los estándares de derechos de los pueblos indígenas presentan una gran heterogeneidad en cuanto a sus énfasis, coberturas y acciones, se observan brechas en su implementación y dificultades para su evaluación por falta de datos e indicadores desagregados en los informes nacionales voluntarios.
Después de casi 11 años de su aprobación, es innegable que el Consenso de Montevideo ha sido fundamental para impulsar y fortalecer en las políticas públicas de los países de la región el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad e intergeneracionalidad.
Gracias a este enfoque, se ha logrado visibilizar las graves desigualdades que existen en los países en términos del nivel socioeconómico, la edad, el lugar de residencia, la identidad de género, el origen étnico y racial, la orientación sexual, la condición migratoria y la discapacidad; sin embargo, aún existen brechas que deben ser superadas.
Un grupo de mujeres indígenas.
SISTEMA CONSTRUIDO COLECTIVAMENTE
Los indicadores se centran en los derechos colectivos, y su definición ha sido elaborada a través de extensas consultas con jóvenes y mujeres indígenas de 50 organizaciones y redes regionales y subregionales de 16 países de América Latina. Estas consultas han recibido un total de 262 contribuciones por parte de mujeres, quienes han señalado las particularidades de cada región.
Este instrumento, único en la región, se ha centrado en particular en dos indicadores relevantes: el gasto público destinado a políticas públicas para pueblos indígenas y las políticas de salud.
“El sistema de monitoreo que está desarrollando Filac con Cepal y Unpfa es un aporte importante frente a la necesidad de contar con instrumentos y mecanismos que permitan medir, no solo ver cómo se va actualizando información acerca de cómo se está implementando la Recomendación y el capítulo H, además que permite a los Estados rendir cuentas mucho más claras acerca de los derechos de las mujeres indígenas”, explicó Jorge Gonzáles, director regional adjunto de Unfpa.
Según las estimaciones, en América Latina y el Caribe residen 58,2 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, lo que representa el 10% de la población. Los diálogos de consulta han puesto en evidencia un aumento de la discriminación, racismo y exclusión de los pueblos indígenas en los espacios de discusión, diseño de políticas y toma de decisiones.
Por otro lado, los diálogos revelaron un alto grado de desconocimiento acerca del Consenso de Montevideo por parte de las organizaciones y pueblos indígenas. Por esta razón, solicitaron al Filac y Unfpa que se difundan la información de manera adecuada, con el fin de cumplir los objetivos y ejercer sus derechos con base en el consenso.
En términos generales, se consideró crucial que el Consenso de Montevideo incluya de forma transversal e integral, en todos sus capítulos —no solo en el Capítulo H—, el enfoque intercultural, así como mecanismos para su implementación y seguimiento con la participación de los pueblos, las mujeres y las juventudes indígenas.
“Hay que destacar que tenemos una oportunidad única, porque lo que ofrece Filac es un mecanismo paritario entre Gobiernos y pueblos indígenas, y eso es una ventaja comparativa, porque no existe otro mecanismo paritario, y nos ofrece la oportunidad de ir avanzando en consenso técnico y político”, señaló Fabiana del Popolo, jefa del Área de Demografía e Información sobre Población, Celade-División de Población.
Se monitoreará la implementación de los derechos de las niñas y mujeres indígenas.
RECOMENDACIÓN N° 39 DE LA CEDAW
La CEDAW aprobó en octubre de 2022 la Recomendación N° 39, un instrumento que aborda los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Gracias al largo trabajo de incidencia de las mujeres indígenas, la Recomendación incluye directrices esenciales en 11 áreas clave: igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y a los sistemas jurídicos plurales, prevención y protección contra la violencia de género, derecho a una participación efectiva en la vida política y pública, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la cultura, derechos sobre la tierra, territorios y recursos naturales, derechos a la alimentación, agua y semillas, y derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible.
Su aprobación es un paso crucial en la lucha por garantizar los derechos de los pueblos indígenas y su bienestar en todas estas áreas fundamentales.
Se hará un estricto monitoreo del cumplimiento de los Gobiernos. Los Estados de América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad de cumplir con sus compromisos establecidos en el Consenso de Montevideo y la CEDAW. Aunque se han registrado progresos en las políticas nacionales, aún existe una brecha en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, que debe ser abordada de manera urgente y efectiva.
El sistema paritario será responsable de supervisar un total de 26 indicadores con relación a la igualdad y no discriminación, un sistema judicial plural y justo, la prevención y protección de la violencia de género, la participación en la vida política y pública, el derecho a la educación, el acceso al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, la tierra, los territorios y los recursos naturales, la alimentación, el agua y las semillas, así como el medioambiente limpio, saludable y sostenible.
“Los indicadores tienen que ser enfocados desde la interculturalidad; de lo contrario, volvemos a cometer errores como con las políticas donde no hay esa visión, esa epistemología, no hay el conocimiento, no hay los idiomas, los elementos que nosotros como mujeres indígenas y afrodescendientes nos identifican como seres humanos”, expresó Otilia Lux, representante de Milac.
Mujeres indígenas durante una actividad cultural.
La Paz/AEP
