El desafío es avanzar hacia una democracia paritaria en cifras, intercultural y libre de violencia, donde las mujeres puedan ejercer su derecho a ser elegidas sin represalias.
Con miras a las elecciones generales de 2025, Sucre se ha convertido en el epicentro de un debate nacional para garantizar la participación política efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad.
Autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil participaron en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento del Enfoque de Género, una iniciativa orientada a consolidar la democracia paritaria y prevenir el acoso y la violencia política contra las mujeres.
“La participación política de las mujeres en Bolivia registró avances significativos, pero persisten barreras estructurales que limitan su acceso real a los espacios de poder”, señaló la Coordinadora de la Mujer, una de las instituciones organizadoras del evento junto al TSE, con el apoyo de Oxfam, el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la UMSS y el financiamiento de la Unión Europea.
Pese a la vigencia de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, la Coordinadora advierte que su aplicación ha sido insuficiente.
Durante las jornadas de trabajo, desarrolladas entre el lunes y ayer martes, se abordaron temas como la incorporación de la paridad y la alternancia en los reglamentos internos de los partidos, el uso del sistema informático para el registro de candidaturas, y la construcción de estrategias para erradicar prácticas discriminatorias dentro de las organizaciones políticas.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. En 2024, el TSE registró 79 denuncias de acoso político contra mujeres autoridades, la mayoría perpetradas por integrantes de sus propias agrupaciones. La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) reporta 118 denuncias a nivel nacional.
AEP
