El representante legal de Kantutani, Nicole Gemio, en entrevista con Red UNO, aseguró que no se trató de excavaciones ni de trabajos ilegales, sino de un proceso de estabilización de tierras.
La empresa propietaria del cementerio Los Andes pide una auditoría técnica por los sucesos de Bajo Llojeta.
Mediante un comunicado oficial, la empresa Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes, afirmó que los trabajos de estabilización eran de conocimiento de la Alcaldía de Achocalla, mientras que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz también fue parte de las tareas previas de supervisión.
La aclaración surge luego de que los alcaldes de Achocalla y de La Paz, Manuel Condori e Iván Arias, respectivamente, denunciaron a la empresa por movimientos de tierra que, supuestamente, no tenían autorización ni conocimiento de ambas autoridades, hecho que fue desmentido por Kantutani, que ahora pide una auditoría técnica independiente para determinar las responsabilidades públicas y privadas por los hechos ocurridos en Bajo Llojeta.
“Los trabajos de estabilización fueron efectuados con el conocimiento de la Alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz”, aseveró la empresa mediante un comunicado.
El representante legal de Kantutani, Nicole Gemio, en entrevista con Red UNO, aseguró que no se trató de excavaciones ni de trabajos ilegales, sino de un proceso de estabilización de tierras. “Hemos cumplido con las recomendaciones que nos ha dado el municipio de Achocalla y en virtud a ello nosotros tenemos esta acta de conformidad suscrita el 5 de noviembre de la presente gestión”, manifestó.
Al respecto, la concejala Roxana Pérez Del Castillo apuntó a ambos burgomaestres, además del propietario del cementerio Los Andes, Luis Iturralde, este último detenido en Perú, como responsables de la tragedia que cobró la vida de una niña y dejó más de 40 viviendas afectadas en Bajo Llojeta.
“Estas tres instancias deben ser investigadas y se debe sacar una sentencia condenatoria, porque no puede ser que, en el marco del supuesto conflicto de límites, que le viene muy cómodo muchas veces a malos funcionarios, pues se geste el atentado contra la integridad física de las familias y que se ponga en riego el patrimonio y la vida”, señaló Del Castillo en entrevista en Bolivia TV.
El concejal de La Paz Javier Escalier aseguró que el cementerio Los Andes y las plataformas habilitadas en la zona se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio de La Paz desde 1968, según lo establece la Ley 453. “Toda la cartografía que maneja el municipio confirma que este cementerio está emplazado en La Paz. Esto también puede corroborarse mediante el Sistema de Información Territorial (Sitv2) del Gobierno Municipal de La Paz”, afirmó.
Para Escalier, quien en varias ocasiones ya advirtió de que no se tiene un plan de riesgos para la ciudad de La Paz pese a las lluvias constantes, la omisión de controles constituye un incumplimiento de deberes que involucra a las subalcaldías, las unidades de fiscalización e incluso al propio alcalde paceño.
La Paz/AEP
