Con el diálogo como premisa y sin cálculos políticos de por medio, salió humo blanco de la reunión entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) por la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), para fortalecer la lucha contra el agio, la especulación y el contrabando de alimentos a países vecinos, lo que dejó en solitario a gremios empresariales de Santa Cruz que rechazan esta medida que busca cuidar la seguridad alimentaria y la economía de la población.
El acuerdo señala que la disposición no se aplicará hasta que el sector privado y el Ejecutivo acuerden metodologías, normas o cualquier otra solución para combatir estos delitos en el marco de lo dispuesto por la ley financial, y también políticas en beneficio de la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. Además, la CEPB admitió que esta negociación no es el ámbito para pedir la anulación de la normativa porque el Gobierno no tiene atribución constitucional para ello, sino la Asamblea Legislativa.
Sin duda, es una señal política que debilita y deja en evidencia el interés proselitista de sectores de empresarios, gremiales y transportistas cruceños que le dieron un portazo al diálogo por no tener los argumentos para exigir la abrogación, el cambio o la suspensión de la disposición, incluso organizando un paro nacional que fracasó en su convocatoria y se redujo a marchas dispersas en cuatro ciudades. Al respecto, la CEPB dejó en claro que rechaza este tipo de protestas que solo dañan al pueblo, las empresas y la economía.
El Gobierno sostiene reuniones para avanzar en la reglamentación y despejar las dudas y los temores infundados sobre esta medida que pretende garantizar el abastecimiento y el precio justo de alimentos esenciales en los mercados con un trabajo interinstitucional mejor coordinado, ante el incumplimiento de las alcaldías para controlar el agio y la especulación. Todo esto, sin estigmatizar a empresarios, productores o vendedores, sino para poner en la mira el negociado de malos intermediarios y comerciantes mayoristas.
Las banderas opositoras son ondeadas por gremios empresariales que comulgan con el fallido modelo neoliberal y no aceptan que el Estado intervenga en la economía. Al final, este rechazo es un pretexto más para generar descontento contra el Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, en consonancia con la guerra política, económica, legislativa y mediática que despliegan la nueva y la vieja derecha contra el Gobierno por sus afanes electorales.
El respaldo de la máxima representación de los empresarios del país es una muestra de que el diálogo es la vía para resolver las discordancias —un camino que también eligió la confederación nacional de gremiales—, en tiempos en que la economía precisa del trabajo de todos para su recuperación ante el sabotaje de la derecha, y no así de marchas y paros que provocan perjuicios al pueblo. Así, queda esperar que los sectores en conflicto se sumen a la negociación y la reglamentación de la disposición séptima del PGE, ya que el Gobierno subrayó que las puertas no están cerradas para el consenso.
