Bolivia vive un momento crucial que podría determinar un gran avance en la industrialización del litio, millonarios ingresos para el TGE y una serie de beneficios económicos colaterales de alto impacto. Pero, como ocurre últimamente en diversas esferas del escenario público, también se cierne la amenaza de la politización que podría echar por tierra un proyecto largamente anhelado, y que fue trabajado de manera seria y responsable en los más de cuatro años de gestión del presidente Luis Arce.
En septiembre de 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para la implementación de una planta de extracción directa de litio (EDL), y en noviembre del mismo año, se suscribió similar documento con la china Hong Kong CBC para la construcción y puesta en funcionamiento de dos plantas. La primera invertirá $us 975 millones y la segunda $us 1.030 millones. Cumpliendo su deber constitucional, el Ejecutivo derivó los contratos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero en lugar de acelerar su tratamiento, algunos diputados y senadores de la derecha y del ala radical evista empezaron a tergiversar el tema, según sus ambiciones políticas preelectorales, y generaron un reducido pero bullicioso rechazo de instituciones potosinas, ecologistas y de los consabidos “analistas” y “especialistas” que causan revuelo en medios y redes sociales.
Las garantías y beneficios que respaldan la idoneidad de todo el proceso de industrialización del litio —retomado por el actual Gobierno tras la deriva y el abandono sufridos en las gestiones de Evo Morales, y que se sintetizan en los dos primeros contratos ahora en la palestra— pueden resumirse en cuatro niveles: 1) modelo: se garantiza el control soberano del Estado en la cadena exploración-explotación, industrialización-comercialización; 2) eficiencia: se probó científicamente que la EDL es el método adecuado por su rapidez y poca incidencia en el medioambiente; 3) beneficios: además de los ingresos por la venta (al menos 51% para el TGE), las regalías, los impuestos y el enorme movimiento económico en las regiones aledañas a los yacimientos, YLB asume conocimientos, tecnologías y experiencias de las firmas rusa y china; 4) cero riesgos: los documentos especifican que eventuales fallas en cualquier fase de los proyectos serán asumidas plenamente por las firmas inversoras; el Estado no arriesga ni un boliviano de su patrimonio.
De darse curso a los contratos, los numerosos beneficios empezarán a sentirse a corto y mediano plazo, y a largo plazo se encaminará la industrialización bajo el modelo soberano del litio; caso contrario, el proyecto sufrirá un catastrófico retraso de al menos 10 años. El escenario es claro: el Gobierno cumplió; fruto de un trabajo sistemático y transparente, negoció dos acuerdos favorables. Ahora les toca a los legisladores cumplir su parte y no causarle un daño histórico al pueblo boliviano.
