El secretario general de la OEA, Luis Almagro, catalogado por muchos con el eufemismo de “camaleón político”, está una vez más en el ojo de la tormenta por una presunta “conducta indebida” que compromete una violación del código de ética y del trabajo al interior de la organización que preside. En días pasados se conoció a través de medios de comunicación del país del norte que legisladores del Congreso de Estados Unidos pidieron investigar a Almagro, señalando que los delitos de los que se le acusa son motivo suficiente para sancionarlo y destituirlo de su cargo.
El 2 de junio de 2022, la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió una denuncia anónima vía correo electrónico en la que se acusaba a Almagro de haber promocionado indebidamente a una funcionaria con la que mantenía una relación sentimental. Ante esta situación, el acusado respondió solicitando que se abriera una investigación.
No obstante, ocho legisladores estadounidenses publicaron una carta señalando que otras conductas indebidas por parte del titular de la OEA deben ser indagadas, con base en “acusaciones altamente creíbles” relacionadas a irregularidades “mucho más atroces”.
Este tipo de hechos dejan muy mal parada a la OEA, ya que su máximo representante vislumbra una serie de acciones que se contraponen con la ética. Sin embargo, dicha situación tampoco sorprende pues el sujeto en cuestión tiene un historial de acciones que deja entrever su doble moral.
Almagro fue criticado muchas veces justamente por ese doble discurso que maneja a conveniencia. Cabe recordar que cuando fungía como ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay resaltó el liderazgo de Hugo Chávez, atribuyéndole el hecho de reinventar Latinoamérica. No obstante, tiempo después, cambió su postura y se alineó con los afanes norteamericanos, lo cual se refleja en más de una de sus acciones ya al frente del organismo internacional.
Para nuestro pesar, los bolivianos vivimos en carne propia esa dualidad en 2019, cuando Almagro jugó un papel protagónico en la desestabilización del país a través de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que instaló la tesis de que hubo supuestas irregularidades en el conteo de votos en las elecciones generales de ese año, hecho que desencadenó una crisis política que desembocó en la salida de un gobierno legítimamente electo y dio paso al golpe de Estado que concretó Jeanine Áñez, apoyada por la extrema derecha boliviana que pactó con policías y militares para este cometido.
Con estos antecedentes, queda establecido que la ética no es una de las prácticas que caracterizan a Almagro, por lo tanto, tampoco sorprenden las acusaciones que ahora pesan en su contra. Por el contrario, probablemente solo sea la punta del iceberg de una serie de conductas lamentables que sin duda deben ser investigadas y que no deberían quedar impunes.
