En un mundo globalizado, donde los flujos comerciales atraviesan fronteras sin cesar, el contrabando se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad de los Estados.
En Bolivia, esta realidad se ha vuelto cada vez más preocupante, ya que las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito han escalado sus operaciones a niveles alarmantes.
Las advertencias del viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, no dejan lugar a dudas: el contrabando no solo representa un perjuicio económico, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud pública y, en última instancia, la estabilidad del Estado.
La frontera con Chile se ha convertido en un foco de particular atención, donde los contrabandistas, organizados en clanes familiares, abrieron más de 105 pasos ilegales a lo largo de los 861 kilómetros de frontera compartida.
Lejos de ser una actividad artesanal, estas redes delictivas han alcanzado niveles de sofisticación inquietantes, ya que emplean armas de grueso calibre capaces de penetrar vehículos blindados y contratan a terceros para facilitar el ingreso de mercancías ilegales.
Esta escalada en el uso de la violencia y el armamento representa un desafío sin precedentes para las fuerzas del orden bolivianas. El hecho de que el contrabando esté empleando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas es un indicador alarmante de la peligrosidad de estas organizaciones criminales y de la gravedad de la situación.
Ante esta realidad, el Gobierno ha tomado medidas contundentes, reforzando el control fronterizo con el despliegue de fuerzas de tarea conjuntas y explorando la actualización del "manual del uso de la fuerza y armas de fuego" para hacer frente a esta amenaza creciente.
Sin embargo, estas acciones deben ir acompañadas de una cooperación regional efectiva y una estrategia integral que aborde las causas profundas del contrabando.
Es fundamental que Bolivia y Chile intensifiquen su colaboración en materia de intercambio de información, operativos conjuntos y establecimiento de canales de comunicación efectivos entre sus aduanas y fuerzas de seguridad. El contrabando es un desafío transnacional que requiere soluciones coordinadas y una firme voluntad política.
Más allá de las medidas de seguridad, se deberán abordar también las raíces económicas y sociales que alimentan esta actividad ilícita. El fortalecimiento de las oportunidades legales de empleo, la inversión en desarrollo regional y la lucha contra la corrupción son elementos clave para socavar las bases que sustentan a estas redes delictivas.
El contrabando no es solo un problema económico, es una amenaza a la seguridad del Estado en su conjunto. Cuando las organizaciones criminales alcanzan niveles de violencia y armamento tan peligrosos, se ponen en riesgo la estabilidad y el orden público.
