Las declaraciones del legislador Gualberto Arispe, amenazando con violencia letal contra los efectivos policiales que intentan ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales, representan una grave afrenta al Estado de derecho que fundamenta nuestra democracia.
Tales amenazas, provenientes de un representante elegido para crear y defender las leyes, no solo son irresponsables sino profundamente antidemocráticas.
La contundente respuesta del comandante de la Policía, general Augusto Russo, reafirmando que no existen "islas" fuera del alcance de la ley, refleja un principio fundamental de cualquier sociedad democrática: la igualdad ante la ley debe prevalecer sin excepciones.
La Constitución Política del Estado no incluye zonas de excepción donde la justicia no pueda actuar.
El caso que enfrenta al expresidente Morales por presunta trata de personas con agravante, relacionado con una menor de edad en 2015, debe seguir su curso legal como cualquier otro proceso judicial.
La fijación de una audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero de 2025 representa el funcionamiento normal del sistema judicial, no una persecución política como algunos intentan presentarla.
Es particularmente preocupante que legisladores como los evistas, investidos con la responsabilidad de representación popular, promuevan la violencia como respuesta a procedimientos judiciales legítimos.
Las amenazas de muerte contra servidores públicos en cumplimiento de su deber no tienen cabida en una sociedad con madurez democrática.
Ahora, la situación en el trópico de Cochabamba, donde el dirigente cocalero permanece atrincherado desde hace tres meses, plantea una seria reflexión sobre la igualdad ante la ley en Bolivia.
El establecimiento de cercos de protección por parte de cocaleros leales revela una preocupante disposición a desafiar el orden constitucional para proteger a un individuo, independientemente de su anterior investidura.
La gravedad de los cargos que enfrenta Morales exige una investigación rigurosa y transparente.
La historia nos enseña que ningún refugio es permanente y ninguna protección es absoluta cuando se trata de enfrentar a la justicia. Tarde o temprano, Evo Morales deberá responder por sus actos ante los tribunales.
La solución a esta crisis no puede venir de la fuerza ni de la amenaza de violencia. El camino correcto es el sometimiento voluntario al debido proceso, permitiendo que sea la justicia, y no la confrontación, la que determine la verdad de las acusaciones en su contra.
