El reciente rebrote de casos de Covid-19 no tiene niveles preocupantes y bajo ninguna circunstancia generará una crisis sanitaria, pues, como afirmó la ministra de Salud, María Renée Castro, “se convirtió en un virus más que circula en el país, similar a la influenza”. De todas maneras, es un motivo para repasar contextos en torno a la mayor pandemia mundial de las últimas décadas y su incidencia en Bolivia.
Después de muchos meses, en las últimas semanas de 2024 y los primeros días de 2025, el virus causó tres decesos y el número de contagios semanales llegó a tres cifras: 440 y 457 en las semanas epidemiológicas 52 y 1, respectivamente. En ningún caso, cuando se trata de la salud, se debe tomar situaciones de escalada a la ligera, y sí más bien deben activarse —como ya sucedió a instancias del Ministerio de Salud— rutinas de prevención y contención ya preestablecidas; en este caso, supervisar el cumplimiento de los protocolos en los centros médicos y de las competencias de salud en los subniveles de gobierno.
Si de cifras se trata, para evaluar la gestión del gobierno del presidente Luis Arce ante la pandemia, hay que recordar algunas que son fundamentales: en la primera ola surgida durante el régimen de facto de Jeanine Añez en 2020, la letalidad llegó a 6,2 %; en la segunda y tercera a 2,7 %; en la cuarta llegó a 0,7 % y la quinta y sexta tuvieron una letalidad de alrededor del 0,1%. ¿Qué fue lo que propició este escenario? Tras unos primeros meses de conmoción global por la pandemia, a mediados de 2020, los gobiernos de todos los países de la región aceleraron gestiones para conseguir vacunas, entonces aún en elaboración… de todos los países, decíamos, menos de Bolivia, pues el régimen espurio de Añez no movió un dedo.
Cuando se recuperó la democracia, el país estaba no solo con alarmantes índices de contagio y mortalidad, sino con un enorme retraso en cuanto a soluciones. El presidente Arce declaró como prioridad número uno el trabajo para garantizar el derecho de los bolivianos a la salud y la vida. En pocas semanas se consolidó una agenda diplomática y comercial que poco a poco resultó en la llegada paulatina de vacunas y pruebas de detección. Para algo más de 10 millones de personas en edad vacunable (de cinco años para arriba), el Gobierno gestionó más de 24 millones de vacunas para cumplir con primeras, segundas, terceras y hasta cuartas dosis.
Detectar contagios a tiempo es una estrategia central para evitar enfermos graves y decesos; por eso se propició la llegada de más de seis millones de pruebas. De esta manera, aunque la vacunación no llega a niveles esperados (alrededor de 17 millones de dosis aplicadas), el avance en todos los rangos etarios propició ya hace tiempo la anhelada inmunidad colectiva.
Los óptimos resultados generales de la gestión del Covid-19 en Bolivia se deben, entonces, a la eficacia del Plan Integral sustentado en la vacunación y la toma masiva de pruebas, en la permanente vigilancia epidemiológica y en la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
Este protocolo fue un avance fundamental no solo para menguar los índices de contagio y letalidad, sino para apuntalar el sistema de salud nacional, que ahora está preparado para diferentes contingencias. Corresponde al resto de los niveles de gobierno (departamental y municipal) actuar con la misma prontitud y celo en estos nuevos casos.
