El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales sacó una vez más a relucir su angurria, pero esta vez por el dinero. En días pasados, el exmandatario, a través de su abogado Wilfredo Chávez, exigió que el Tribunal Supremo Electoral le dé una modesta indemnización de Bs 1,9 millones a manera de resarcimiento por su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones de 2020.
Este hecho provocó el repudio de varios sectores, y no es para menos, tomando en cuenta que Morales percibe mensualmente una renta vitalicia como expresidente, la cual oscila los Bs 25.000.
No obstante, tal parece que sus asesores —si vale el término— se percataron de que esta exigencia no se constituyó en otra cosa que una nueva “metida de pata” —como fue calificada— por parte del dirigente cocalero, por lo que Morales no tardó en salir a la palestra para tratar de desligarse del asunto, como es su costumbre, con la elocución: “Como estrategia jurídica habían apelado a eso”, haciendo referencia a que la idea de pedir la indemnización no fue suya, sino una iniciativa de su equipo jurídico, ya que él “no está de acuerdo con eso”.
Este tipo de actitudes retrotraen similares aseveraciones que vertió en el pasado, como cuando trató de camuflar su incontenible e irrefrenable deseo de volver al poder a toda costa, con frases como: “Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado”.
Este tipo de extremos resultan hasta risibles. Pretender el pago de una millonaria indemnización como si en 2020 hubiese sido elegido senador es una idea que solo puede ser concebida en un entorno de personas que se van hundiendo en una espiral de desfachateces al punto de perder la cordura.
En 2022, Morales afirmaba airoso que su demanda era por justicia y no por dinero; hoy queda claro que sus discursos están diametralmente alejados de la realidad. El único impulso que tiene esta exigencia es seguir llenándose los bolsillos y contar con un colchón económico que le permita continuar impulsando sus planes de desestabilización en contra del Gobierno.
