La nueva alianza opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ante los medios de comunicación habla de la “importancia de concretar las elecciones judiciales en el país”, es la misma que bloquea el proceso de preselección de magistradas y magistrados, porque hasta ahora no convoca a las comisiones a retomar el trabajo.
Con esta actitud queda demostrado que a la derecha y a la nueva derecha no les importa que haya nuevas autoridades en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque solo mienten ante los medios de comunicación, pero en la práctica desde un inicio boicotearon con una serie de recursos el desarrollo del proceso para las judiciales.
Lo cierto es que la nueva alianza Evo-Mesa-Camacho coordina estrechamente su labor en la ALP para paralizar e impedir que se reanude el trabajo de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural de ambas cámaras para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales y persigue el objetivo de descabezar la justicia.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, señaló que, por ejemplo, el 44% de los amparos constitucionales (que paralizaron la preselección de candidatos) fue presentado por exfuncionarios y allegados a la gestión de Evo Morales. Entre ellos citó a Vanesa Miramendi, esposa del exprocurador general del Estado y ahora abogado del “evismo” Wilfredo Chávez.
El verdadero objetivo que persigue la derecha y la nueva derecha es descabezar la justicia y dejar en la indefensión al pueblo, además tomando por asalto el TCP para colocar a su gente con el único fin de asegurar la repostulación de Evo Morales.
Las tres fuerzas políticas ahora están empeñadas en cumplir con la agenda que firmaron en noviembre de 2023 para reelegir a Andrónico Rodríguez. El punto dos del acuerdo señala que es hasta que se haga la elección judicial o una reforma constitucional, ley que garantice un mecanismo constitucional que haga que los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial dejen sus funciones el día 2 de enero de 2024, sin prórroga ni interinato, aprobada hasta el 15 de diciembre de 2023 como máximo.
Este punto es crucial para entender lo que hicieron los pasados días con la instalación de una sesión ilegal e inconstitucional de la ALP. En esa sesión aprobaron el cese de funciones de los magistrados, pero no convocaron hasta el momento a las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia, presididas por los evistas, para reanudar la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.
Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional del 23 de mayo dio vía libre para reanudar la preselección de candidatos, pero el nuevo bloque de oposición no lo aceptó y exigía una resolución del Legislativo, que la aprobaron el jueves. ¿Será que realmente el nuevo bloque de oposición está interesado en concluir este proceso de preselección?, ¿qué están esperando las comisiones para reanudar todo el proceso?
Hasta el momento no hay ninguna convocatoria para reanudar este proceso que se quedó en la fase de examen oral a más de 400 candidatos.
