Es inaceptable que un alto funcionario público, investido de la máxima representación legislativa en ejercicio, se arrogue facultades que no le corresponden y desconozca deliberadamente una resolución judicial.
La admisión del senador opositor Andrónico Rodríguez de haber desoído una medida cautelar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendía la convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa constituye un hecho insólito y sumamente preocupante para la institucionalidad democrática de Bolivia.
Rodríguez reconoció haber recibido la notificación del TCP sobre el auto constitucional que admitía el recurso de nulidad contra la sesión convocada y ordenaba su suspensión. Sin embargo, en un acto de abierta rebeldía, hizo caso omiso a este mandato judicial e instaló la polémica sesión calificada como ilegal por la Procuraduría General del Estado.
Esta acción desacata no solo la decisión expresa del máximo órgano de control constitucional, sino que vulnera principios básicos del Estado de derecho, como la separación de poderes y la sujeción de todas las autoridades a la Constitución y las leyes.
Es inaceptable que un alto funcionario público, investido de la máxima representación legislativa en ejercicio, se arrogue facultades que no le corresponden y desconozca deliberadamente una resolución judicial. Esta conducta constituye un claro desafío a las normas y procedimientos establecidos, por lo que debilita los cimientos mismos de la democracia y el imperio de la ley.
La gravedad de estos hechos fue puesta de manifiesto por el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, quien anunció que se procesará a Rodríguez y sus cómplices por desobediencia a las decisiones de la justicia.
Además, la Procuraduría advirtió de que no reconocerá validez alguna a las leyes aprobadas en esa sesión ilegítima y que asumirá todas las acciones constitucionales y legales a su alcance para preservar el orden institucional.
El país exige y espera que todas las autoridades electas actúen con estricto apego a la Constitución y el Estado de derecho y que este lamentable episodio en la vida democrática no quede en la impunidad.
El ciudadano sabe perfectamente que Andŕonico Rodríguez es la marioneta de Evo Morales, quien se alió con la derecha radical y golpista, y que no les importa vulnerar cauces institucionales establecidos porque su objetivo es arrastrar al país a la ingobernabilidad, poniendo en riesgo la estabilidad democrática que tanto ha costado construir.
En estos momentos es imperativo que las autoridades competentes ejerzan con firmeza las atribuciones que la ley les confiere para sancionar este tipo de acciones desestabilizadoras.
Si no se sanciona con todo el rigor de la ley a Rodríguez y al grupo de cómplices que avalaron una convocatoria ilegal vulnerando el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, estaremos abriendo las puertas a un peligroso precedente que podría derivar en un quiebre institucional de imprevisibles consecuencias.
