La "megacoalición" articulada por el opositor Evo Morales y la derecha radical, racista y golpista de Carlos Mesa y Fernando Camacho han orientado su acuerdo con el objetivo principal de derrocar al presidente socialista Luis Arce.
Las acciones destinadas a desestabilizar al mandatario, que incluyen la interrupción del tránsito en las carreteras y los consiguientes graves perjuicios para la economía del país, así como el bloqueo legislativo en los últimos doce meses, evidencian la profundidad de las intenciones del bloque opositor. Además, queda claro que estas acciones cuentan con el aval imperialista.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, advirtió con puntualidad de que esta alianza contra natura entre Morales y quienes fueron sus "verdugos" en el golpe de Estado de 2019 se selló con "el dolor y la sangre del pueblo boliviano", en una clara alusión a los trágicos hechos de violencia política que precipitaron la salida del exmandatario.
Es verdaderamente insólito que el exgobernante haya decidido aliarse con aquellos que lo derrocaron, dejando a su paso un reguero de muertes y enfrentamientos que dividieron profundamente a la sociedad boliviana.
La imagen del líder indígena pactando con sus antiguos detractores de la derecha tradicional, a quienes tildó de "neoliberales y serviles al imperio", representa una traición a sus principios y a sus bases de apoyo que lo llevaron a la presidencia del Estado.
Pero más allá de las motivaciones personales de Evo —que se ha encaprichado en volver a gobernar el país, cuando constitucionalmente no está habilitado—, lo que está en juego es la estabilidad institucional del país y el respeto al mandato popular que eligió democráticamente a Luis Arce en 2020.
El objetivo último de esta "megacoalición", según denuncia el Gobierno, sería generar conflictos, movilizaciones y convulsión social para forzar un acortamiento del mandato presidencial antes de su vencimiento en 2025.
Esta estrategia desestabilizadora, de concretarse, supondría un grave atentado contra la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en las urnas y abriría las puertas a un nuevo ciclo de ingobernabilidad y violencia política que el país no puede darse el lujo de revivir.
Es inaceptable que actores políticos que dicen respetar el Estado de derecho pretendan imponer sus caprichos por encima del orden constitucional y la paz social.
Bolivia no merece ser rehén de Evo, Mesa y Camacho, mientras la gran mayoría de la población clama por estabilidad, desarrollo económico y soluciones concretas a sus problemas.
Las organizaciones sociales y la sociedad civil, imponentes fuerzas democráticas, han cerrado filas en defensa del Estado de derecho y el respeto al voto popular. No hay duda que el pueblo, más allá de ideologías, no permitirá que Bolivia retorne a los oscuros días de la confrontación fratricida y la ingobernabilidad.
