Durante la gestión del presidente Luis Arce, Bolivia se ha caracterizado por ocupar los primeros lugares de crecimiento económico y registrar los índices de inflación más bajos de la región, prueba de ello es que, a abril de este año, el Estado Plurinacional se posiciona como el país con la inflación acumulada más baja de toda Sudamérica, con el 1,31%.
No obstante, cabe señalar que, si bien Bolivia muestra resultados altamente positivos en este aspecto, no está al margen de los efectos que puedan generar los procesos inflacionarios presentes en otros países de la región, los cuales se traducen en un incremento de precios en los productos importados.
Ante este panorama internacional, el Gobierno nacional aplica una política de protección para evitar que esta inflación importada, que afecta a la economía nacional, golpee los bolsillos de las familias bolivianas, a través de acciones concretas como la subvenciones en los hidrocarburos, en los alimentos, el acopio de granos, entre otras.
Gracias a estas políticas aplicadas por el Gobierno es que se logra una estabilidad de precios, y un claro ejemplo de ello es la gasolina, cuyo costo se ha mantenido invariable con Bs 3,74 por litro, lo que equivale a $us 0,54; mientras que en países como Uruguay tuvo un incremento considerable, pasando de $us 1,92, en diciembre de 2023, a $us 2,23, a mayo de 2024, tendencia que se repite en otras regiones como Chile, Argentina y Colombia, por nombrar algunas.
Llama la atención que analistas y opinadores del área no hagan mención de esta situación, tratando de instaurar la idea de que Bolivia pasa por una crisis económica estructural —lo cual es falso— y obviando que hay factores externos que evidentemente repercuten internamente, en un afán de invisibilizar los esfuerzos y las políticas que se aplican desde el Ejecutivo para mitigar sus impactos.
Si algo está claro es que hay un panorama económico adverso a nivel regional y mundial, que es consecuencia de la pandemia, la guerra y otros agentes externos que afronta la humanidad; pero el Gobierno está empeñado en mitigar sus efectos y no escatimará esfuerzos por brindar una estabilidad económica, pensando en el bienestar de las familias bolivianas.
