El Gobierno nacional declaró situación de emergencia nacional por los desastres naturales que afectan a todos los departamentos y a más de 200 municipios. La declaratoria permitirá agilizar la ayuda necesaria para los afectados, hacer compras por excepción, gestionar recursos externos, movilizar mayores recursos técnico-logísticos y económicos para los lugares que sufrieron daños a causa de las torrenciales lluvias.
Esta medida está acompañada por la convocatoria a un Consejo Nacional de Autonomías con la finalidad de ver cómo el Gobierno nacional puede mejorar la atención a quienes sufren las consecuencias de los desastres naturales. También se elaborará un plan posinundaciones para la reparación de daños.
El Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología reportó que estas lluvias intensas que golpean al país desde noviembre de 2024 no se habían visto en 40 años, por lo que Bolivia se encuentra atravesando un momento complicado. La afectación en el país es total, es decir en los nueve departamentos. Por ejemplo, recientemente, el departamento de Beni se declaró en desastre; asimismo, La Paz y Santa Cruz están en emergencia.
La crisis climática alcanza a Bolivia porque la temporada de lluvias suele terminar a finales de marzo, pero según los pronósticos del Senamhi, este año las lluvias se extenderán al menos hasta la primera semana de abril.
A la fecha, hay 209 municipios afectados, 378.885 familias afectadas y damnificadas, 2.596 viviendas afectadas, 818 viviendas destruidas, 51 fallecidos, ocho personas desaparecidas, 29 unidades educativas afectadas por inundaciones, nueve escuelas que pasan clases semipresenciales, 14 a distancia y seis suspendieron labores, estas últimas en Beni.
Para ayudar a los damnificados, el Gobierno nacional movilizó a 4.081 efectivos de las Fuerzas Armadas, además del Viceministerio de Defensa Civil. Se entregaron 234 toneladas de ayuda humanitaria, equipos y maquinarias por cerca de Bs 4 millones.
También, mediante 29 brigadas móviles, se contabilizaron 2.733 atenciones médicas en seis departamentos y se activaron todos los programas nacionales de salud para atender los requerimientos de la población afectada.
De esta manera, el Gobierno nacional responde a todas las inclemencias del clima y no abandona a las familias que se encuentran atravesando una situación crítica.
Esta decisión del Gobierno nacional de acudir en auxilio de los afectados no es acompañada por actores políticos como la Asamblea Legislativa porque no aprueban desembolsos económicos de organismos internacionales. Los legisladores no aprueban un crédito de $us 250 millones del BID para brindar atención a emergencias climáticas y de salud y solo aprobaron un crédito de $us 75 millones para atender desastres naturales. Ambos proyectos se remitieron a la Asamblea en octubre de 2024.
Es menester que los legisladores del “evismo” y la vieja oposición trabajen en favor del pueblo sin cálculos políticos o electorales. El Gobierno nacional, por su lado, acude en auxilio del pueblo que sufre las consecuencias de la crisis climática.