La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instaura el debate obligatorio de candidatos a cargos públicos elegibles desde las presidenciales del domingo 17 de agosto, con el objetivo de garantizar el voto informado de los bolivianos. Lo hizo en el marco de los compromisos asumidos por la Asamblea Legislativa durante el Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia, organizado en febrero por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y pese al boicot de la nueva derecha del evismo.
La norma apunta a que los aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia del Estado hagan conocer y debatan sus programas de gobierno, lo que se extiende a los diputados uninominales, en el caso de las elecciones generales; y a los candidatos a gobernadores, ejecutivos regionales y alcaldes, en las subnacionales. Se establece que la participación será presencial y que el Órgano Electoral llevará a cabo el debate entre los cinco y 15 días previos a los comicios, y hasta 10 jornadas antes de una posible segunda vuelta.
Además, la Cámara Baja incorporó una serie de sanciones para los postulantes ausentes, más allá de la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral planteado por el TSE, o sea, esta falta será pasible a una multa impuesta por un juez electoral que equivaldrá al costo económico pagado por toda la transmisión del debate —a cargo de los medios estatales—, sumándose el retiro de la pauta publicitaria (léase cuñas, spots, etcétera) en los medios de comunicación y otros de difusión masiva.
Se envió el proyecto al Senado, donde el evismo anunció el sabotaje a ésta y otras leyes electorales pese al compromiso ante el TSE que asumió su representante, Andrónico Rodríguez, quien ya puso en la congeladora la norma para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y complotó con sus aliados de la vieja derecha —Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— para dejar sin quórum la sesión legislativa que debía aprobar el crédito de $us 100 millones para el voto en el exterior.
Mientras los demás órganos del Estado apuestan por la paz social rumbo a los comicios, la derecha busca generar convul- sión y echar culpas al Ejecutivo, cuando el presidente Luis Arce ratificó su vocación democrática al convocar al Encuen- tro por la Estabilidad y la Democracia de este mes que dio un espaldarazo al proceso electoral, al garantizar el presupuesto que supera los Bs 220 millones y al pedir un respaldo sincero para unas elecciones plurales, transparentes, imparciales, par- ticipativas y libres de injerencias.
El TSE demanda que al menos tres leyes comprometidas por el Legislativo sean puestas en vigencia hasta antes de la convocatoria para los comicios prevista para la primera semana de abril —la del TREP, la del préstamo japonés y la que ratifica la vigencia del principio de preclusión, que ni fue debatida—, sin embargo, el boicot legislativo pone en riesgo éstas y otras dos normas para blindar el proceso. Sin duda, es momento de poner por delante los intereses del país, de respetar el derecho al voto de los bolivianos.
AEP
