No pueden quedar impunes las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019. No lo piden solo las familias de los 21 fallecidos en la represión militar y policial que fue autorizada por la gestión de facto de Jeanine Añez. No lo piden solamente el Gobierno, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos. Lo pide también la comunidad internacional que constató la grave violación de derechos humanos y que está preocupada por los fallos judiciales que benefician a los acusados por la violencia.
Una instructiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar las detenciones de los implicados está abriendo las puertas a su liberación, con resoluciones de tribunales de La Paz, El Alto y Sacaba que declaran la anulación de los procesos en su contra en lo referido a las masacres, lo que generó una ola de indignación y condena dentro y fuera del país porque van en contra de la memoria, la verdad y la justicia contra ese episodio oscuro que dejó 37 muertes, más de 800 heridos y más de 1.500 detenciones ilegales.
Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación porque estas decisiones son un caldo de cultivo propicio para la impunidad, un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada de las víctimas que sufrieron las graves violaciones a los derechos humanos, y compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, constituyendo una revictimización de los afectados.
Más aún, estas entidades advierten de que con estos fallos se evidencia un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que indagaron sobre la violencia de 2019, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y una delegación de ONU Derechos Humanos, que constataron la dura represión militar y policial, inclusive con municiones letales, bajo el paraguas del Decreto 4078, firmado por Añez y su gabinete.
Estas conclusiones van en consonancia con otros informes emitidos por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o Amnistía Internacional (AI), por lo cual la CIDH y ONU Derechos Humanos exhortan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de las recientes anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
Los pronunciamientos de estas entidades están en la línea del Gobierno, que los saludó ratificando que no puede haber impunidad por la violencia de 2019 porque significaría un nefasto precedente en nuestra historia. Como dijo el presidente Luis Arce, todavía hay una cuenta pendiente con las víctimas y resulta indignante e incomprensible que crímenes de lesa humanidad no reciban el debido tratamiento del Órgano Judicial, que debe actuar con verdad y objetividad para cerrar este sombrío capítulo con justicia.
