La solicitud de investigación sobre el manejo de fondos del Movimiento Al Socialismo (MAS) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abre un nuevo capítulo con el nombre de Evo Morales.
Esta petición, que busca esclarecer el presunto uso indebido de aproximadamente 10 millones de bolivianos para financiar bloqueos que promovió Morales, llega en un momento político complicado para el dirigente cocalero luego del histórico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reconoció el congreso de El Alto y la legitimidad de Grover García como presidente del partido.
La coincidencia de estos eventos no es casual. El reconocimiento legal de la nueva directiva del MAS, surgida del congreso alteño, representa el retorno del partido a sus raíces en las organizaciones sociales y el fin de una era marcada por el personalismo.
Ahora, las mismas organizaciones sociales que construyeron el partido exigen transparencia sobre el uso de los recursos de sus militantes que, aparentemente, fueron destinados a financiar bloqueos que causaron pérdidas estimadas en más de 2.200 millones de dólares al país.
Es particularmente grave que estos fondos partidarios, según las denuncias, hayan sido utilizados para defender intereses personales, específicamente para promover una candidatura presidencial que el TCP ya ha declarado definitivamente inviable.
El Auto Constitucional 0083/2024 ECA es inequívoco: la reelección indefinida no es un derecho humano, y no existe posibilidad legal de una nueva postulación presidencial para quien ya ejerció el cargo en múltiples ocasiones.
La revelación del vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre el pago de 150 bolivianos diarios a los bloqueadores, junto con la admisión del propio Evo Morales sobre las solicitudes de viáticos, plantea serias preguntas sobre la ética en el manejo de los recursos partidarios.
Estos fondos, provenientes de las contribuciones de los militantes, fueron aparentemente desviados para financiar acciones que perjudicaron gravemente la economía nacional y la vida cotidiana de millones de bolivianos.
El daño económico causado por los 24 días de bloqueo es incalculable en términos humanos. Más allá de los 2.200 millones de dólares en pérdidas directas, están los pequeños empresarios que quebraron, los trabajadores que perdieron sus empleos, los enfermos que no pudieron recibir atención médica oportuna, y el daño a la imagen internacional del país.
La situación se torna aún más grave cuando consideramos que estos bloqueos no solo buscaban forzar una candidatura constitucionalmente imposible, sino también interferir con investigaciones judiciales sobre casos extremadamente serios.
Los procesos por presunto estupro y trata de personas que se investigan tanto en Bolivia como en Argentina, incluyendo una presunta relación con una menor de 15 años en 2015, son asuntos que ninguna presión política debería poder obstaculizar.
La decisión del TSE de verificar el uso de los aportes económicos de los militantes es un paso necesario hacia la transparencia. Como ha señalado el vocal Gustavo Ávila, estos documentos son de carácter público, y las organizaciones sociales tienen todo el derecho a conocer el destino de sus contribuciones.
Ahora, bajo el liderazgo legitimado de Grover García, el partido tiene la posibilidad de iniciar una nueva era donde los recursos partidarios sirvan a los intereses colectivos y no a agendas personales.
La lección es clara: ningún líder político está por encima de la ley o de la ética en el manejo de recursos colectivos. Los fondos de un partido político deben servir para fortalecer la democracia, no para financiar acciones que la debilitan.
La Paz/AEP
