Un tribunal de Fort Lauderdale, sur de Florida, Estados Unidos, responsabilizó, en abril de 2018, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro Carlos Sánchez Berzaín de las muertes ocurridas durante la crisis social y política registrada en el país en octubre de 2003. Los diez miembros del jurado declararon a ambos como “responsables” de ejecuciones extrajudiciales por los disturbios que dejaron más de 60 muertos y unos 400 heridos.
Los exfuncionarios fueron condenados a pagar una indemnización de $us 10 millones a los familiares de ocho víctimas del trágico episodio conocido como “octubre negro”, quienes iniciaron un proceso civil en Estados Unidos.
Cinco años después de ese fallo, las partes llegaron a un acuerdo de conciliación de indemnización por un monto menor.
El juicio civil, que fue considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura que autoriza demandas en tribunales federales estadounidenses por ejecuciones extrajudiciales.
Luego del acuerdo se prohíbe cualquier acción legal contra el expresidente y su exministro.
Aunque parezca una contradicción, la decisión de conciliar a través de una indemnización a las familias de las víctimas no implica que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín hubieran admitido responsabilidad por las muertes en octubre de 2003.
En octubre de 2003, el expresidente autorizó una intervención militar durante una revuelta social por la denominada “guerra del gas”, desplegando efectivos en las ciudades de El Alto y La Paz. Las fuerzas de seguridad asesinaron a civiles desarmados.
A raíz de este episodio, Sánchez de Lozada y varios de sus ministros huyeron de Bolivia para evadir procesos por delitos de genocidio, masacre sangrienta y homicidio.
Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín viven en Estados Unidos. El primero tiene su domicilio legal en un suburbio de Maryland y Sánchez Berzaín en Miami. Ambos están a salvo de enfrentar a los tribunales en Bolivia, protegidos por el Gobierno estadounidense, que niega su extradición.
La negativa del Gobierno estadounidense a respetar el proceso jurídico boliviano lo convierte en cómplice de la impunidad y la injusticia.
