En un giro imprevisto que sacude el escenario político boliviano, el expresidente Evo Morales ha protagonizado un episodio que podría tener serias consecuencias legales luego de admitir públicamente y en un castellano inequívoco su participación en un incidente armado contra efectivos de la fuerza pública.
La declaración textual de Morales: "Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía el carro y rápidamente cambiamos al segundo carro", no solo constituye una confesión directa de agresión contra fuerzas del orden, sino que también contradice frontalmente su narrativa de victimización ante los hechos ocurridos en Villa Tunari, Cochabamba.
Esta admisión cobra mayor relevancia ante las revelaciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien ha expuesto que el expresidente posee un arsenal personal que incluye al menos dos escopetas y un revólver.
Estos hallazgos desmontan categóricamente las declaraciones previas de Morales, quien había negado reiteradamente la posesión de armas de fuego.
El incidente, que dejó a un oficial de la unidad antinarcóticos con fracturas graves que requirieron intervención quirúrgica, representa un punto de inflexión en la trayectoria política del otrora mandatario.
La secuencia de eventos —desde el intento de evasión del control policial hasta los disparos efectuados contra los efectivos y el posterior atropello del oficial— dibuja un cuadro preocupante de desacato a la autoridad y uso injustificado de la fuerza.
La gravedad de los hechos se amplifica cuando se considera la posición que Morales ocupó como máxima autoridad del Estado.
Su comportamiento actual no solo contradice los principios básicos de respeto a la institucionalidad que alguna vez juró defender, sino que además sugiere un preocupante patrón de conducta que merece ser investigado exhaustivamente por la justicia.
Las preguntas planteadas por el ministro Del Castillo sobre la negativa a la revisión del vehículo y la subsecuente quema de vehículos policiales permanecen sin respuesta satisfactoria. La reticencia a someterse a un examen de microaspirado del vehículo solo alimenta las sospechas sobre lo que realmente se intentaba transportar durante el incidente.
Este episodio marca un precedente inquietante, donde un expresidente no solo admite abiertamente haber disparado contra fuerzas del orden, sino que además enfrenta serias acusaciones que podrían derivar en cargos penales por atentado contra la fuerza pública.
La justicia boliviana tiene ahora la responsabilidad de investigar estos hechos con el rigor que ameritan, sin consideraciones políticas que puedan entorpecer el debido proceso.
La confesión de Morales, junto con las evidencias presentadas por las autoridades, constituye elementos que no pueden ser soslayados en aras de la transparencia y el Estado de derecho.
