En un giro que demuestra que la búsqueda de justicia trasciende fronteras, la Fundación Apolo presentó una denuncia penal en Argentina contra el expresidente Evo Morales, abriendo un nuevo frente en la batalla contra la impunidad que durante tanto tiempo ha parecido proteger a los poderosos.
La denuncia no es una simple acusación más en el turbulento historial del expresidente. Representa un esfuerzo coordinado y meticulosamente documentado para que los presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores no queden impunes, ni siquiera bajo el manto del asilo político que le fue otorgado por el gobierno de Alberto Fernández.
Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la apertura de una investigación penal contra el dirigente cocalero.
Bullrich informó que presentó una denuncia por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual.
Además señaló que el expresidente habría convivido con cuatro adolescentes durante su estadía en Argentina en 2020, bajo el asilo político otorgado por el gobierno kirchnerista en ese momento.
Los testimonios recogidos hasta ahora pintan un cuadro perturbador. La declaración de Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana, sobre la presencia de menores en roles "serviles" en la residencia de Morales en Buenos Aires, pagada con fondos públicos, y la espeluznante revelación de que "niñas eran entregadas como obsequios" a cambio de favores políticos no son meras anécdotas: son evidencia de un presunto sistema de explotación que operaba a plena vista de quienes debían proteger a los más vulnerables.
La presentación judicial de la Fundación Apolo, respaldada por el Código Penal argentino, nos recuerda que la justicia no debe detenerse ante títulos políticos ni fronteras nacionales.
El equipo legal de la Fundación Apolo ha dado un paso valiente al presentar esta denuncia en un momento en que las acusaciones contra Morales se multiplican en Bolivia.
No podemos ignorar el patrón inquietante que emerge: la denuncia en Tarija por una relación con una menor en 2015, que habría resultado en una hija hoy de ocho años; la desaparición de la presunta víctima junto con su hija y su madre; las acusaciones sobre una relación con Noemí, quien habría tenido apenas 14 años cuando comenzó su relación con el entonces mandatario.
Cada caso añade un eslabón más a una cadena de evidencia que sugiere un comportamiento sistemático y no incidentes aislados.
La negativa de la dirección de Migraciones argentina en 2020 a proporcionar información sobre el ingreso de una supuesta víctima de abuso, escudándose en la confidencialidad, plantea preguntas inquietantes sobre la posible complicidad institucional en el encubrimiento de estos presuntos delitos. El rechazo posterior del recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública solo profundiza estas preocupaciones.
La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el status de asilado a Morales y presentar en su contra una denuncia penal marca un punto de inflexión: ya no hay refugio seguro para quienes enfrentan acusaciones tan graves.
La justicia argentina y la boliviana tienen ahora la oportunidad de demostrar que los derechos fundamentales y la protección de menores están por encima de cualquier consideración política.
El Gobierno argentino y la Fundación Apolo, al instar a una investigación exhaustiva, no solo buscan justicia para las posibles víctimas, marca también un precedente en la lucha contra la impunidad en América Latina.
El mensaje es claro: ningún título político, ninguna frontera nacional, ningún estatus de asilo debe servir como escudo para evadir la responsabilidad por crímenes contra los más vulnerables.
