En un giro que evidencia la fragilidad de los procesos democráticos ante la voluntad personalista, Bolivia se ve forzada a reprogramar sus elecciones judiciales del 1 al 15 de diciembre, víctima de los bloqueos impulsados por el expresidente Evo Morales.
Esta postergación no es meramente un ajuste calendario, sino que representa un preocupante sometimiento de la institucionalidad democrática a los intereses particulares de un individuo.
Durante tres semanas, los bloqueos han paralizado regiones enteras del país, particularmente la provincia del Chapare, convirtiendo el derecho al libre tránsito en moneda de cambio política.
Lo más perturbador de esta situación es su motivación: no se trata de una lucha por derechos colectivos o mejoras sociales, sino de una estrategia personal para asegurar una candidatura presidencial y evadir la justicia ante graves acusaciones, incluyendo el presunto estupro de una menor en Yacuiba.
El anuncio del Tribunal Supremo Electoral revela la dimensión del daño: la imposibilidad de desplegar la logística electoral en todo el territorio nacional no solo afecta la fecha de los comicios, sino que compromete todo el calendario electoral, desde el sorteo de jurados hasta la contratación de notarios.
Esta alteración del proceso democrático es especialmente grave, considerando la naturaleza de la elección en cuestión.
Los bolivianos deberían estar preparándose para elegir a autoridades cruciales para el funcionamiento del Estado: 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, 9 del Tribunal Supremo de Justicia, 5 del Tribunal Agroambiental y 3 consejeros de la Magistratura.
Estas no son elecciones ordinarias, son la base para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el Estado de derecho.
Resulta profundamente irónico que quien una vez fue presidente constitucional sea ahora el principal obstáculo para la renovación democrática de las instituciones judiciales. Más aún cuando estas mismas instituciones son las llamadas a garantizar la justicia y el debido proceso, incluso en los casos que lo involucran personalmente.
La necesidad de un "clima de paz" mencionada por las autoridades electorales no es un mero tecnicismo administrativo. Es un requisito fundamental para el ejercicio democrático, un derecho ciudadano que está siendo vulnerado por acciones que privilegian intereses personales sobre el bien común.
Esta situación plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la democracia boliviana: ¿Hasta qué punto se permitirá que intereses particulares secuestren procesos institucionales fundamentales? ¿Qué mensaje se envía cuando la violencia y la obstaculización logran doblar el brazo del sistema democrático?
La postergación de las elecciones judiciales no es solo un retraso en el calendario, es un precedente peligroso que sugiere que la voluntad democrática puede ser doblegada mediante la fuerza y la obstaculización. Es una herida al sistema democrático que va más allá de la simple logística electoral.
La democracia requiere de compromiso y respeto, no solo en la participación, sino también en la aceptación de sus procesos y resultados.
Cuando un expresidente utiliza la violencia y el bloqueo para imponer su voluntad personal por encima del proceso democrático, no solo daña la institucionalidad presente, sino que socava los fundamentos mismos del sistema que una vez juró defender.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar si la democracia boliviana puede sobreponerse a este embate o si sucumbirá ante la presión de intereses particulares que parecen dispuestos a todo por evadir la justicia y mantener el poder.
El precio de esta obstinación no lo paga un individuo o un partido; lo paga la democracia misma y, con ella, todos los bolivianos.
La Paz/AEP
