Estas fechas en las que se recuerda la efeméride de la valerosa tierra cruceña, se hace más evidente el contraste entre dos maneras de concebir la premisa de “gobernar para el pueblo”.
Esta dicotomía toma como protagonistas a dos gobernantes que asumieron el cargo por mandato popular: Luis Arce y Fernando Camacho; el primero, precursor del modelo económico y la reconstrucción del país y la industrialización; y el segundo, promotor de la convulsión y la ruptura del orden democrático.
Transcurría septiembre de 2022, aproximadamente por estas fechas, cuando el potentado empresario cruceño Luis Fernando Camacho, ahora desempeñando el rol de gobernador de esa región, derrochaba su tiempo promocionando un cabildo a celebrarse aquel triste 30 de septiembre de ese año, que dio pie a uno de los capítulos más nefastos que vivió Santa Cruz en los últimos tiempos, como es el paro de 36 días.
Y así, como es de conocimiento público, se desarrolló el paro cívico que mantuvo en vilo a la población cruceña. El saldo: violencia extrema, al menos cuatro fallecidos, centenares de heridos, graves vulneraciones a los derechos humanos, ataques a los trabajadores de la prensa y millonarias pérdidas económicas.
Esta, y la crisis de 2019 que desembocó en la ruptura del orden constitucional y el golpe de Estado, son las cartas de presentación de Fernando Camacho, quien, obviamente, en ninguno de los casos salió afectado y su fortaleza financiera quedó intacta; a diferencia de aquellos que viven del día a día, que vieron paralizadas sus actividades y, por ende, no pudieron llevar el sustento a sus hogares.
En contraposición tenemos a Luis Arce, avalado por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que permitió al país liderar los índices de crecimiento en la región y destacar por tener una de las inflaciones más bajas del mundo.
A diferencia de lo que Camacho hizo —o más bien no hizo— por el desarrollo de la región, el Jefe de Estado retomó las riendas de la reactivación económica en el departamento, promovió encuentros con el sector empresarial, impulsó la inversión pública y proyectó la consolidación de una Santa Cruz industrial, plan que va en marcha con firmeza.
Con 14 plantas industriales distribuidas en 13 municipios, el departamento de Santa Cruz avanza hacia la sustitución de importaciones. A esto se suman una serie de programas destinados a fortalecer el agro mediante millonarias inversiones.
Lo antes expuesto muestra claramente un contraste entre dos formas de gobernar, dos visiones totalmente opuestas de concebir el desarrollo, y será el pueblo quien juzgue cuál de esas gestiones fue la que realmente le fue de provecho a Santa Cruz.
