La semana pasada, un grupo de dirigentes afines a Evo Morales, autoproclamados como CSUTCB, anunció un bloqueo de caminos indefinido a escala nacional, a partir del 4 de septiembre, bajo el argumento de “construir una nueva agenda política y social prioritaria”, premisa que a simple vista no condice con lo que realmente representa esta amenaza.
El 30 de septiembre de 2022, representantes de la derecha más radical del país, aglutinados a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra, anunciaban que, como parte de las determinaciones de su cabildo, irían a un paro indefinido a partir del 22 de octubre. Y así fue, tal como se anunció, el sábado 22 se inició la medida de presión que se extendió por 36 días, dejando un panorama devastador para la economía del departamento y de todo el país, con innumerables escenas de agresión, racismo, discriminación e incluso luto; sin duda, uno de los periodos más aciagos de ese año.
Resulta difícil que estos sucesos no vengan a la memoria al escuchar las declaraciones de los dirigentes del ala radical afín a Evo Morales, cuya intención es volver a poner en vilo al país, aun a sabiendas de los desastrosos efectos que ello representa.
Según estimaciones, este bloqueo de caminos podría generar una pérdida económica para el país de $us 115 millones por día, lo cual repercute de manera directa en el proceso de reactivación y reconstrucción de la economía que con mucho esfuerzo está encarando el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Luis Arce.
Ante este panorama, distintos sectores, entre ellos los empresarios privados, industriales, autoridades del Ejecutivo, Legislativo y las propias organizaciones sociales alertaron sobre los nocivos efectos de esta medida, cuyos principales afectados serán comerciantes, transportistas, vendedores y la población en su conjunto. En tal sentido, apelaron a que los sectores en conflicto acudan al diálogo y la concertación para encontrar soluciones.
Resta esperar que este pedido sea escuchado y el país no tenga que volver a pasar por una situación tan dura como la vivida entre octubre y noviembre de 2022, que dejó marcas profundas en la economía y en el sentir de los bolivianos y bolivianas.
