La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que se encarga de administrar el sistema de pensiones, demostró que maneja los recursos económicos de los jubilados con eficiencia y eficacia. Los resultados del ejercicio contable, hasta fin de 2024, revelan en forma inapelable que el manejo es impecable.
Veamos algunos números. A diciembre de la pasada gestión, la estatal de pensiones alcanzó un patrimonio de Bs 276 millones, un 97% más en relación a 2023, cuando tenía un patrimonio de Bs 140 millones.
Al mismo periodo alcanzó una cartera de inversiones de Bs 189.420 millones (equivalentes a $us 26.178 millones), lejos de las AFP que dejaron una cartera de Bs 164.969 millones (equivalentes a $us 24.048 millones). En un año y siete meses, los fondos administrados por la Gestora Pública crecieron en $us 3.560 millones.
El rendimiento de 4,25% con el que se cerró la gestión es superior a la rentabilidad de 2,7% que reportaron las AFP en mayo de 2023. Este rendimiento muestra el crecimiento de los fondos para los jubilados y en la mejora de las pensiones.
Entre 1997 y marzo de 2023, las AFP percibieron más de $us 233 millones de utilidades, pero a pesar de estas ganancias las transnacionales contabilizaron una inversión de $us 2,7 millones como bienes de uso y en comparación con sus ganancias obtenidas representa menos del 1%. Además, dejaron una mora por $us 127 millones, de los cuales el 98% correspondía a empresas privadas.
La administración de la Gestora Pública, en el tiempo de un año y siete meses, construyó una infraestructura acorde con los tiempos que corren pues ofrece seguridad con última tecnología, niveles de seguridad sólidos mediante firewalls, manejo confidencial de los datos y otros que benefician a los asegurados.
A ellos se suma la promulgación de parte del Gobierno nacional de la ley que incrementa los límites solidarios, que mejora la pensión solidaria de vejez, preservando la sostenibilidad del mismo y garantizando una jubilación digna.
Todos estos números muestran que el traspaso de la seguridad social de manos privadas al ámbito estatal fue un acierto y echa por tierra la teoría de que el sector privado maneja mejor una empresa y que el Estado lo hace necesariamente mal.
La estatización de la seguridad social se enmarcó en la Constitución Política del Estado, que dispone que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, entre otros y que su dirección y administración se encuentra a cargo del Estado.
La Gestora Pública arrancó operaciones de manera total en mayo de 2023, es decir, que desde ese entonces se encarga de pagar las pensiones a los jubilados y recibe de los empleadores los aportes de los trabajadores para su jubilación.
La administración de empresas por parte del Estado boliviano muestra el papel esencial en la economía y la concepción del beneficio social, alejado del espíritu conservador/empresarial que busca la maximización de ganancias.
