El 17 de julio de cada año se conmemora el Día Nacional de la Memoria.
Se trata de un reconocimiento a las víctimas de las dictaduras entre 1964 y 1982 y de un recordatorio a las nuevas generaciones de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país durante esa oscura y nefasta época, para que no se vuelvan a repetir.
Las víctimas de la dictadura fueron valientes mujeres y varones que dieron sus vidas por una democracia que disfrutamos hoy.
Esa democracia, por tanto, debe ser resguardada por todos y cada uno de los bolivianos, sin color político ni credo religioso porque debemos vivir en un Estado de derecho.
En Bolivia, durante el periodo de 1964 a 1982, así como en otros países de la región, se levantaron movimientos ciudadanos en defensa de los derechos humanos, la democracia, la igualdad y la libertad, frente a los atropellos de los dictadores.
Es en este contexto histórico en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó en 2019 la Resolución de principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas.
En ese documento, la CIDH recomienda a los Estados adoptar acciones para preservar la memoria histórica de las rupturas del orden constitucional y democrático, con el fin de evitar que éstas se repitan.
El Gobierno adoptó no sólo aquella Resolución, sino que también impulsa la construcción de Casas de Memoria en los nueve departamentos del país.
La administración del socialista Luis Arce —luego de casi dos décadas de compromisos gubernamentales incumplidos— aprobó, además, el pago del 80% del monto total de resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en gobiernos inconstitucionales.
La Ley 1446, aprobada en el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, compromete el desembolso de Bs 100 millones en defensa de los derechos humanos y que, en el caso de las víctimas de violencia política, se traduce en la obligación de encaminar un derecho adquirido desde 2012.
