“2023 Año de la Juventud hacia el Bicentenario”, ese es el nombre del eslogan que eligieron las autoridades para impulsar políticas en beneficio de los jóvenes de Bolivia
a lo largo de esta gestión. Es así que están incluidas nueve acciones a favor de este grupo de la sociedad comprendido entre los 16 y 28 años, tal como establece la Ley de la Juventud 342.
Las tareas están asignadas a cada una de las reparticiones estatales, que deben ser cumplidas por mandato de una ley y un decreto.
En este marco, la primera tarea establece que el Estado generará espacios de reflexión, socialización y acción sobre los derechos de los jóvenes y su importancia en la construcción del Estado Plurinacional, señala el Decreto 4887 del 8 de marzo.
La segunda tarea que se encomendó es la socialización de las condiciones de acceso al crédito en el sistema financiero para los jóvenes; lo que significa que aquellos muchachos que pretendan solicitar un crédito sepan que pueden hacerlo de manera responsable.
El Estado desarrollará acciones orientadas a la protección y promoción y activa participación de los jóvenes en los ámbitos cultural, social y económico del país, que es la tercera tarea.
El Gobierno además promoverá políticas y programas de empleo para los jóvenes, lo mismo que tareas de voluntariado, promoción y ejercicio de derechos socio-laborales de la juventud, tal como sucede con organismos multilaterales.
También el Ejecutivo ya se puso la tarea de diseñar programas y/o proyectos sobre ciencia, tecnología, investigación e innovación, con énfasis en los jóvenes; una de esas políticas es precisamente la actualización de la malla curricular educativa.
El Estado desarrollará políticas y programas de salud preventiva integral en áreas de nutrición y alimentación saludable, salud mental y acciones de fortalecimiento institucional para los jóvenes de cara a una convivencia segura y con salud.
La séptima tarea que se puso el Gobierno es la promoción e impulso del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y gestión en salud plurinacional para la juventud, con énfasis en la educación preventiva en el último curso de la educación regular.
El desarrollo integral de los jóvenes a fin de promover el ejercicio pleno de sus derechos es otra de las tareas señalada en el Decreto 4887, que beneficia íntegramente a los jóvenes que se preparan para salir del colegio e ingresar a las universidades; y para los que concluyen los estudios superiores y deben enfrentarse al mercado laboral acompañados de las habilidades que adquirieron en esos estudios universitarios.
Se promocionarán otras acciones que permitan la participación activa de la juventud en el Estado Plurinacional de Bolivia, como el deporte, la cultura, la ciencia.
Cada año las universidades expulsan profesionales que al no tener oportunidades migran a otros países. El Estado boliviano forma mano de obra que es aprovechada por otros países. Ese eslabón de la cadena es lo que el Gobierno quiere frenar con la emisión del Decreto 4887 y las tareas desde el Estado destinadas a proteger a nuestros jóvenes profesionales.
