El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó esta semana al país y permanecerá en suelo boliviano por dos semanas, tiempo en el cual se entrevistará con 90 entidades públicas y privadas. El objetivo es simple, ver si el Estado cumple con las recomendaciones que dejó la entidad en 2011.
¿Cuáles eran esas recomendaciones? El país debía elaborar normas destinadas a la lucha contra el lavado de dinero, lucha contra el terrorismo y tráfico de armas de destrucción masiva.
Las tres normas hacen referencia a tres delitos que son de orden internacional que no se verifican en el país. La gente se pregunta, pero entonces ¿por qué debemos aprobar leyes que castiguen estos delitos? Porque Bolivia firmó un acuerdo en 2011 para ser parte del grupo de naciones que luchan contra estos males y porque no firmar esos acuerdos ponía al país en una lista de naciones cuyas economías pueden ser afectadas por capitales ilegales internacionales, ese es el riesgo.
El Gobierno fue claro, si no se aprueban estas leyes, el informe de la Gafilat será negativo, con observaciones ya sea de seguimiento intensivo o regular, es decir que la economía del país y sus operaciones internacionales pueden ser blanco de censura en otras naciones si no se cumplen las regulaciones que establece el Gafilat.
El Gobierno ya logró aprobar en 2012 el Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, eso le permitió salir de una lista gris en la que se encontraba. La legitimación de ganancias ilícitas fue incluida como delito en 1997. Sin embargo no fue actualizada a los estándares internacionales y es prioridad hacerlo.
Aquí empiezan los problemas, el Gobierno se está esforzando en explicar que estas leyes deben ser aprobadas por exigencia internacional y existe una actitud cerrada de algunos dirigentes de organizaciones sociales que insisten en oponerse a su aprobación, como si defendieran algún interés de personas vinculadas con estos delitos internacionales.
Esa actitud puede llevar a poner en riesgo al país en la esfera internacional porque esta evaluación que vino a hacer la misión del Gafilat será la “carta de presentación” del país en el contexto internacional, lo dijo claramente el jefe de la misión. Por tanto, el efecto no será interno, sino allende las fronteras.
Los gremiales, transportistas y sectores informales, que son los más numerosos, fueron convencidos de que estas leyes tocarán sus intereses. Muy pocos afiliados se pusieron a buscar información real sobre los proyectos de ley que están en suspenso en la Asamblea Legislativa; si lo hicieran, verían que sus dirigentes están tergiversando la información porque no es así.
Por tanto, la imagen internacional del país, en materia económica, está entre dos frentes que lo ponen en riego, por un lado, las exigencias internacionales que debe cumplir por ser parte de la comunidad; y por el otro lado, la insensatez de determinadas dirigencias que insisten en enterrar los proyectos, lo que puede ser trágico para los propios comerciantes que desarrollan operaciones en el ámbito internacional, ese es el peligro que no están midiendo estos sectores que se oponen.
