El martes, sectores opositores al Gobierno nuevamente se articularon, entre ellos el Comité Cívico pro Santa Cruz, el Colegio Médico y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), para promover marchas carentes de contundencia que se desarrollaron en cuatro ciudades del país (El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí) contra lo que ellos denominan el “paquetazo” de leyes que engloban a los proyectos de ley 280, 304 y 305.
Sin lugar a dudas, la protesta pacífica está garantizada en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero lo que llama la atención es que estas manifestaciones carezcan de un norte Esta apreciación responde a criterios que serán descritos a continuación.
Como se mencionó anteriormente, el denominado “paquetazo” refiere a tres proyectos de ley, pero lo curioso es que en los tres casos las normativas o artículos cuestionados ya fueron suspendidos o suprimidos, y pese a ello se hacen movilizaciones que, ante este panorama, quedan fuera de lugar y responden a otro tipo de intereses.
En el caso del proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el 6 de abril, el Gobierno solicitó al Legislativo la suspensión de su tratamiento hasta concluir la socialización con los sectores que se sienten afectados por la norma.
Asimismo, en lo que se refiere al proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, el gremio de la prensa observaba el artículo 281, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidió suprimirlo y garantizó el derecho a la libertad de expresión, como pilar fundamental de la democracia.
Respecto al proyecto de Ley 304 de Regulación de Contenido Difundido en Redes Sociales, el diputado del MAS-IPSP Juan José Huanca decidió retirarlo de la Asamblea Legislativa para “que no sirva de motivo o pretexto de algunos grupos opositores para desestabilizar al Gobierno nacional”.
Entonces, tomando en cuenta que el denominado “paquetazo” ya no se encuentra en la sede legislativa, ni siquiera en tratamiento de cumplimiento del procedimiento legislativo, ¿cuál sería la razón para las movilizaciones? Esta es una pregunta que queda flotando, mientras sectores de oposición, haciendo honor a ese denominativo, no desperdician la más mínima oportunidad para oponerse a cualquier iniciativa del Ejecutivo.
Queda esperar que estas movilizaciones, sin aparente motivo más que el político, no vayan una vez más en desmedro de la población boliviana y su economía, tal como sucedió durante los 36 días de paro en Santa Cruz.
