El comiteísmo ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos ya que ha sido, en muchos casos, punta de lanza en diversos conflictos que tuvo que sortear el país, principalmente aquellos que se caracterizaron por una fuerte carga de intereses políticos y económicos.
Para el pensamiento colectivo, los comités cívicos cobran fuerza durante el último periodo no por caracterizar una representación legítima multisectorial, sino como un simple efecto de la carencia de verdadera oposición política partidaria, con sentido e ideología propios.
Estos comités, que se llenan la boca haciendo alusión a su amplia representación de todos los sectores sociales, en realidad se han convertido en una amenaza para la población, tal es el caso de lo que ocurre en Santa Cruz y Potosí, donde los cívicos asumen posturas marcadas por intereses políticos a nombre de la ciudadanía, intentando hacer pasar estas reivindicaciones como legítimas, cuando están muy alejadas de ello. Por el contrario, las posturas radicales y en muchos casos violentas que toman solo atentan contra la economía de un país que quedó severamente afectado por las malas decisiones de un gobierno de facto que, casualmente, también es producto de las acciones promovidas en 2019 por los aludidos.
Estos grupos, que sufren una carencia total de legitimidad ya que solo están constituidos por élites y roscas en las que la práctica democrática está ausente, deben cargar consigo los efectos de esa condición, que se traducen en la falta de apoyo ante sus convocatorias.
Esto es justamente lo que sucedió con el paro de 72 horas convocado por el Comité Cívico Potosinista, que atribuye la medida de presión a una supuesta demanda de una Ley del Litio. El bloqueo que se inició el lunes estuvo marcado por una notable ausencia de fuerza, ya que se pudo evidenciar el flujo normal de la mayoría de las actividades cotidianas en esa región. Pero esto no es casual, ya que la ciudadanía evidenció que el pedido de los cívicos carece de sustento, puesto que el proyecto normativo está en pleno tratamiento y consulta.
Estas medidas que solo atentan contra el bolsillo de la población que se gana el sustento día tras días cada vez van quedando más relegadas, ya que la ciudadanía percibe los verdaderos intereses que hay detrás de ellas.
