La aplicación del crédito de vivienda de interés social es, sin duda, una de las medidas con mayor repercusión en miles de familias bolivianas que, hasta antes de la promulgación del Decreto Supremo 1842, el 18 de diciembre de 2013, que establece el paraguas legal para su implementación, para muchos ciudadanos era impensable, o al menos un objetivo muy distante, el poder contar con una vivienda propia.
De acuerdo con esta disposición, se establecen tasas preferenciales de interés en función al valor comercial de la vivienda de interés social. En ese marco, si el inmueble tiene un valor igual o menor a UFV 255.000, se aplica el 5,5%; cuando oscila entre UFV 255.001 y UFV 380.000, el 6,0%; y si está entre los UFV 380.001 y UFV 460.000, el 6,5%.
Para el acceso a este crédito se aplican dos modalidades: crédito hipotecario y sin garantía hipotecaria, dependiendo de la finalidad que tenga el solicitante. Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), desde su aplicación, esta medida mostró un crecimiento exponencial respecto a la cantidad de beneficiarios. Tal es el caso que, en 2014, había 11.336 familias beneficiarias, pero para 2022 la cifra ascendió a 97.531 familias beneficiarias.
En el caso del crédito hipotecario, el 73,3% de los desembolsos estuvo enfocado a compra de vivienda individual o en propiedad horizontal; el 17,1% a construcción de vivienda individual; el 5,9% a refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal; y el 3,8% a adquisición de terreno para la construcción de vivienda.
Respecto al crédito sin garantía hipotecaria, el 86,1% de los desembolsos fue empleado en refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal; el 12,3% a construcción de vivienda individual; 1,5% a anticrético de vivienda; y 0,2% a compra de vivienda individual o en propiedad horizontal.
Según datos al 31 de enero de esta gestión, Santa Cruz es el departamento con mayor acceso a estos créditos, pues llega al 39,8%; le siguen La Paz y Cochabamba, con 20,5% y 17,4%, respectivamente.
Por debajo están Chuquisaca (7,1%), Tarija (5,3%), Beni (3,5%), Oruro (3,1%), Potosí (2,5%) y Pando (0,9%). El monto total desembolsado en el país asciende a Bs 31.478 millones.
Las cifras reflejan el gran impacto que tuvo esta medida aplicada por el gobierno del MAS en la población boliviana y cómo le cambio la vida a miles y miles de familias en todo el territorio nacional. Gracias a ello, el decir “tengo mi departamento” ya no se limita a sectores acomodados de la sociedad, como antes ocurría; hoy prácticamente cualquier persona que pueda demostrar un nivel de ingresos promedio puede optar por el crédito de vivienda social y cumplir lo que para muchos es una de las metas más grandes en la vida, contar con un techo propio.
