La reciente orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, emitida por la Fiscalía Departamental de Tarija el 17 de marzo, pone de relieve un principio fundamental en cualquier democracia: nadie, independientemente de su cargo o posición política anterior, está por encima de la ley.
Los acontecimientos en el trópico de Cochabamba, donde Morales se ha atrincherado desde noviembre de 2024, representan un desafío directo al Estado de derecho boliviano.
Las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre los "palitos" y "fortines" que supuestamente protegen al expresidente, así como la presunta presencia de colombianos en la zona, reflejan una situación extremadamente preocupante.
La investigación contra Morales no es de poca monta. Se le acusa de un delito particularmente grave: trata de personas con agravante, relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando ejercía la presidencia en 2015. Este tipo de acusaciones merecen ser investigadas con el máximo rigor, independientemente de quién sea el acusado.
La justicia tarijeña ya había declarado a Morales en rebeldía el 17 de enero, ordenando su búsqueda, aprehensión, congelamiento de cuentas bancarias y anotación preventiva de sus bienes por no presentarse a la audiencia de medidas cautelares. Estos antecedentes muestran un patrón de evasión de la justicia que resulta inadmisible en una figura pública.
Cuando un expresidente se resiste a comparecer ante la justicia y se atrinchera con apoyo de seguidores, establece un precedente nefasto para la institucionalidad democrática.
El intento de crear zonas donde la ley no puede llegar socava los cimientos mismos del Estado boliviano.
Las preocupaciones expresadas por el ministro Del Castillo sobre posibles enfrentamientos entre civiles y la Policía son inquietantes. La instrumentalización de simpatizantes para evadir la acción de la justicia constituye una grave irresponsabilidad política que podría derivar en consecuencias trágicas.
Una democracia funcional requiere que todos los ciudadanos, especialmente quienes han ocupado los más altos cargos, respeten los procesos judiciales.
El expresidente Morales, quien durante su mandato defendía la institucionalidad del Estado Plurinacional, debería ser el primero en someterse a las investigaciones correspondientes y demostrar su inocencia dentro del marco legal establecido.
La evasión de la justicia no solo contradice los principios que él mismo defendió, sino que envía un mensaje destructivo a la ciudadanía sobre la aplicación selectiva de la ley.
En un país que ha luchado por fortalecer sus instituciones democráticas, este tipo de comportamiento representa un retroceso inaceptable.
Las autoridades bolivianas tienen la difícil pero necesaria tarea de ejecutar la orden judicial sin provocar enfrentamientos violentos.
AEP
