La orden de detención emitida contra el expresidente de Bolivia Evo Morales, por un juez en Tarija, marca un momento que merece una reflexión profunda sobre la relación entre democracia y justicia.
El caso, que involucra graves acusaciones sobre presunto abuso de una menor, trasciende las dimensiones políticas para situarse en el ámbito fundamental de la responsabilidad democrática.
Como líder que alcanzó la presidencia a través del voto popular entre 2006 y 2019, Morales tiene una responsabilidad particular ante el sistema judicial que ayudó a construir durante su mandato.
La legitimidad democrática que una vez recibió de las urnas conlleva también la obligación de respetar y someterse a las instituciones del Estado, especialmente cuando estas requieren su comparecencia para esclarecer acusaciones de tal gravedad.
La situación actual, donde el expresidente evita presentarse ante la justicia alegando falta de garantías y problemas de salud, genera un precedente preocupante.
Los certificados médicos presentados por su defensa, que incluyen diagnósticos de bronconeumonía y problemas cardíacos, han sido considerados por el juez como condiciones tratables que no justifican su ausencia continuada.
Es importante señalar que existe evidencia documentada que merece ser examinada en el marco de un proceso judicial formal, incluyendo un certificado de nacimiento que vincula a Morales con una menor que habría tenido 14 años en el momento de iniciar una relación que se habría extendido por dos años.
La democracia se fundamenta no solo en el derecho a ser elegido, sino también en la igualdad ante la ley. Un expresidente que llegó al poder a través del voto popular tiene la obligación moral y legal de dar ejemplo, presentándose ante la justicia.
La evasión de la responsabilidad judicial socava los principios democráticos que deberían ser especialmente sagrados para quien ocupó el más alto cargo de la nación.
La solución más transparente y democrática es que el expresidente Morales se presente voluntariamente ante las autoridades judiciales, permitiendo que el proceso legal siga su curso con todas las garantías que el Estado de derecho ofrece.
