La superficialidad con la que se trata el problema de abastecimiento de hidrocarburos alarma, porque con fines políticos, no puede entenderse de otra manera, solo se echa la culpa al Gobierno. Analistas económicos y los políticos no profundizan en el análisis por sus intereses y sesgos, seguramente.
Recurren al expediente fácil de buscar culpables en el Gobierno, sin hacer el mínimo examen de las cifras ni desde cuándo empezó el proceso sostenido de disminución de la producción de gas natural debido al agotamiento de yacimientos antiguos y a la falta de inversión en exploración.
El desabastecimiento se agudizó, paralelamente, por la escasez de dólares necesarios para importar combustibles y otros bienes. La causa es el prolongado bloqueo en el Legislativo, desde 2023, a créditos externos que superan los $us 1.600 millones, por parte de legisladores de Evo Morales y de la oposición.
Una mirada a los datos oficiales muestra que la producción de gas natural comenzó a declinar en 2014, cuando ya se producían solo 59 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural, después de históricos niveles de producción e ingresos que apuntalaron una bonanza que no reparó en proyectos de reposición de las reservas.
La empresa internacional DeGolyer and MacNaughton certificó reservas de 4,48 TCF al 31 de diciembre de 2023, uno de los datos más bajos. En 2017 se certificaron 10,7 TCF, aunque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hizo una cuantificación que daba cifras por debajo de la certificación.
El presidente Luis Arce graficó esta adversa situación con una frase lapidaria: “No se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos”. Efectivamente, los datos revelan que durante la época de bonanza no se hizo exploración y las reservas que se gastaban en el consumo interno y la exportación no fueron repuestas.
La actual administración tomó cartas en el asunto y encaminó 54 proyectos exploratorios con resultados importantes, como el descubrimiento del megacampo Mayaya X1 en el norte de La Paz. Estos emprendimientos toman su tiempo, por lo que empezará su producción en los próximos años.
A este problema se sumó el bloqueo de créditos en el Legislativo, que impidió contar con flujo de divisas para la compra de carburantes. Los créditos entran en dólares al Banco Central de Bolivia, donde se quedan y salen bolivianos para financiar las obras para las que fueron contratados.
Entonces, el problema tiene causas y responsables múltiples. Por lo revisado podemos afirmar que está la desidia o falta de mirada estratégica del gobierno de 14 años de Evo Morales y el cálculo político electoral de los actuales legisladores evistas y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).
Los actores políticos asediaron al Gobierno y pusieron en marcha una estrategia con la finalidad de reducir al mínimo o anular cualquier posibilidad electoral, sobre todo tras las mejoras económicas y el crecimiento alcanzado sostenidamente hasta el 2023 por las iniciativas y acciones del modelo económico.
Los bolivianos deben saber que el problema de abastecimiento de carburantes es de responsabilidad compartida, no es exclusivo de este gobierno. La historia reivindicará a la actual administración cuando empiece a operar el megacampo Mayaya X1 y las plantas de biodiésel, que abastecerán gran parte de la demanda y bajarán sustancialmente la importación.
“¿Qué hubiera sucedido si hubieran permitido (legisladores) que estos recursos (créditos) se desembolsen? de seguro no tendríamos esta presión por divisas en el país; por lo tanto, consideramos que es urgente e importante que la Asamblea sea parte de esta solución porque es también corresponsable de esta situación”, refrendaba el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en mayo, al referirse a esta corresponsabilidad ante lo que ocurre actualmente.
Los analistas y políticos deben ver mucho más allá de la superficialidad si quieren hacer un análisis serio.
AEP
