Las cifras presentadas por el ministro Eduardo Del Castillo sobre la gestión de conflictos sociales durante los últimos cuatro años revelan una realidad extraordinaria que merece que se destaque.
El gobierno socialista del presidente Luis Arce se ha enfrentado a un verdadero asedio, con 1.739 conflictos sociales que podrían haber desestabilizado cualquier administración. Sin embargo, el resultado es notable: ni una sola víctima mortal, ni en las filas policiales ni entre los civiles.
Este logro sin precedentes en la historia democrática de Bolivia no es producto del azar. Representa el triunfo de una política de Estado que privilegia el diálogo sobre la represión, la negociación sobre la confrontación.
La gradual disminución en el número de conflictos —de 617 en 2022 a 350 en 2023— sugiere que esta aproximación no solo preserva vidas, sino que también construye confianza y genera resultados duraderos.
El manejo del prolongado bloqueo de caminos impulsado por el expresidente Evo Morales y sus seguidores es particularmente ilustrativo. Frente a predicciones sombrías de violencia y muerte, el Gobierno demostró que es posible restablecer el orden sin sacrificar vidas.
La intervención policial, ejecutada con precisión quirúrgica, logró reconectar el occidente con el oriente del país sin derramamiento de sangre, desactivando una protesta que amenazaba la estabilidad nacional.
Igualmente significativa ha sido la respuesta gubernamental a los avasallamientos, un fenómeno que amenaza la paz social y el derecho a la propiedad.
Los 29 desalojos realizados en 2023, principalmente en Santa Cruz, demuestran que la defensa del Estado de derecho no requiere el uso excesivo de la fuerza. Cada operativo exitoso refuerza la autoridad del Estado sin comprometer su compromiso con los derechos humanos.
La lucha contra el secuestro, particularmente en el trópico de Cochabamba, añade otra dimensión a este nuevo paradigma de seguridad.
La liberación de seis víctimas y la aprehensión de 21 secuestradores evidencian que la firmeza en la aplicación de la ley puede coexistir con el respeto a la dignidad humana.
Lo más notable de esta gestión es que estos logros en materia de seguridad y orden público se han alcanzado mientras se mantiene la estabilidad económica.
El Gobierno socialista ha demostrado que es posible conjugar la preservación de la paz social con el crecimiento económico.
Esta capacidad para mantener la estabilidad social, política y económica en medio de múltiples desafíos valida la aproximación del gobierno de Arce a la gestión de conflictos.
El éxito de esta estrategia beneficia a los ciudadanos del país y establece un precedente para futuras administraciones.
La Paz/AEP
