La política de industrialización no tiene otro fin que regular el mercado en favor de los más necesitados. Eso se da con el hecho de que Emapa producirá desde junio 500 toneladas de aceite para el consumo de las familias bolivianas, en estos momentos en que la especulación es la principal enemiga de los intereses populares. Esta es una gran diferencia en las propuestas que se vienen para el próximo gobierno: para la derecha la industrialización es gasto, en cambio, para la izquierda es una inversión para el pueblo.
Con un financiamiento estatal de Bs 424,4 millones, la Planta de Transformación de Subproductos de Soya comenzó con la refinación en San Julián, Santa Cruz, y desde el siguiente mes sumará 500 toneladas de aceite a las 120 que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) compra al sector privado, que serán vendidas a la población a precio justo. Esta apuesta industrializadora procesará 330.000 toneladas de grano de soya al año para la obtención de torta y cascarilla, de aceite crudo y refinado.
Para el gobierno de Luis Arce, este es el horizonte hacia la segunda independencia del país, la económica. Para sustituir las importaciones de alimentos, productos e insumos con el Estado como protagonista, generando un ahorro de divisas. Para el desarrollo del aparato productivo y la generación de más ingresos para las arcas estatales y los productores. Para garantizar la seguridad alimentaria y cuidar el bolsillo del pueblo. Por ello, el programa del MAS con miras a las elecciones apunta a profundizar este modelo.
Otro botón de muestra sobre esta inversión. Con las plantas de biodiésel, esta política de industrialización permitirá volcar la tortilla en la dependencia de la importación de combustibles. Una ya opera en Santa Cruz y pronto será inaugurada otra en El Alto, que unidas a la planta de HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado, por sus siglas en inglés) desde 2026, lograrán que el Estado produzca hasta el 80% de la demanda interna de diésel y se deje de comprar el 90% de los carburantes que el país consume. ¿Esto es un gasto?
Para la derecha es así. Por esto, en su lógica no cabe la industrialización de los recursos naturales para una justa redistribución de los ingresos en beneficio de los bolivianos, sino su saqueo y su entrega a las compañías transnacionales para el enriquecimiento de unos pocos, con el cierre de las empresas y las plantas estatales para su privatización bajo el discurso de que son deficitarias, como pasó en la era previa a 2005. Esto es parte de su oferta programática para las presidenciales, con los políticos de siempre.
Darle valor agregado a la producción es una política que no solamente repercute en los ingresos del Estado, también permite bonos y rentas para la población más vulnerable. Esto se logra con las empresas estatales como pilares, que consiguieron utilidades por Bs 2.415 millones en 2024, un 34,4% más respecto a 2023; con una industrialización que, para otro botón de muestra, eliminó la importación de productos agrícolas como la papa, la cebolla y el tomate; con una inversión por la soberanía económica del país.
