El gobierno del presidente Luis Arce expresó, con razón, su enérgico rechazo a este informe que distorsiona la realidad nacional y omite deliberadamente los avances significativos que Bolivia ha logrado en materia de derechos humanos.
En un acto de abierta hostilidad e intromisión en los asuntos internos de Bolivia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe unilateral y tendencioso sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.
Este documento, lejos de reflejar una realidad objetiva, constituye un flagrante ataque a la credibilidad y soberanía de la nación boliviana.
El gobierno del presidente Luis Arce expresó, con razón, su enérgico rechazo a este informe que distorsiona la realidad nacional y omite deliberadamente los avances significativos que Bolivia ha logrado en materia de derechos humanos.
Los programas implementados para fortalecer la protección de los derechos de la niñez, la adolescencia, los adultos mayores y otros grupos vulnerables son prueba tangible del compromiso inquebrantable del Estado Plurinacional con el respeto y la promoción de los derechos fundamentales.
Sin embargo, el informe del Departamento de Estado, elaborado a partir de fuentes imprecisas o inexistentes, busca sembrar dudas y socavar los logros alcanzados en esta materia.
Esta acción unilateral no es más que un intento deliberado por parte de Estados Unidos de afectar la credibilidad de Bolivia y presentarla como un país que no cumple con los estándares internacionales en derechos humanos.
Pero esta ofensiva no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del imperialismo estadounidense para desestabilizar y debilitar a los Gobiernos soberanos que desafían su hegemonía en la región y el mundo.
El presidente Arce denunció recientemente los intentos por controlar los recursos estratégicos de Bolivia, como el litio, y excluir al país de procesos económicos y políticos clave.
Estas maniobras, calificadas por analistas como una "guerra híbrida" contra Bolivia, tienen como objetivo fracturar la unidad del país, presentarlo como un Estado fallido y facilitar así la apropiación de sus recursos naturales y la imposición de un gobierno títere que responda a los intereses de Washington.
No es casualidad que este informe difamatorio coincida con la revelación de un plan orquestado desde la propia Embajada de Estados Unidos en La Paz para minar al Movimiento Al Socialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Esta operación encubierta busca instalar un gobierno cómplice que abra las puertas a la explotación desmedida de los recursos vitales de Bolivia, como el litio, el hierro, las tierras raras y los acuíferos.
Ante esta ofensiva imperialista, el pueblo boliviano debe permanecer firme y unido en defensa de su soberanía y autodeterminación. No se puede permitir que los intentos desestabilizadores del Departamento de Estado y otros actores externos socaven los avances logrados en materia de derechos humanos y justicia social.
Bolivia ha demostrado una inquebrantable determinación para defender sus principios y su dignidad frente a las potencias extranjeras. Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz y rechazar enérgicamente estos actos de injerencia que buscan imponernos una agenda ajena a nuestros intereses nacionales.
Es momento de fortalecer la unidad y la conciencia patriótica, de defender nuestros recursos naturales y nuestro modelo de desarrollo soberano. Solo así podremos hacer frente a los intentos del imperialismo por desestabilizar y controlar nuestro destino.
