La sentencia condenatoria dictada en contra de los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ), grupo parapolicial que causó zozobra y miedo entre la población, es una muestra de que se está haciendo justicia con las víctimas de la masacre de Huayllani y las demás personas que fueron agredidas durante la crisis de 2019 en el país.
El principal cabecilla de este grupo irregular, Yassir Molina, fue condenado a ocho años de cárcel, Fabio y Mario Bascopé a seis años y seis meses de reclusión, para Milena Soto son dos años de cárcel y similar condena para Jaime Maldonado, quienes cumplirán la sentencia en el penal de San Sebastián tanto Mujeres como Varones de la ciudad de Cochabamba.
Estas personas están acusadas por los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portación ilícita de armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
El juicio se inició el 17 de enero en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero y desde entonces se desarrollaron diversas audiencias con la presencia de los imputados en la ciudad de Sucre.
Esta es la segunda sentencia contra los cabecillas de la RJC. El Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Sucre, en abril de 2023, determinó que Molina y los hermanos Bascopé sean condenados a seis años de cárcel por los daños en la Fiscalía General del Estado, ocurridos en octubre de 2020.
La historia de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) empezó en octubre de 2019, al calor de los días previos al golpe de Estado. El surgimiento de este grupo parapolicial está grabado en la memoria de miles de bolivianos que fueron sus principales víctimas, principalmente gente humilde.
En su auge, la RJC estaba integrada por cientos de jóvenes de clase media-alta, muchos con familiares políticos de partidos de derecha, empresarios, hasta barrabravas de clubes cochabambinos y delincuentes comunes. Durante las semanas previas y posteriores al golpe, atravesaban la ciudad en decenas de motos, armados de palos, cuchillos y pistolas, con la noticia de que iban a hacer prevalecer el golpe por la fuerza.
Según su página en Facebook, la RJC se autoidentificó inicialmente como “un movimiento ciudadano en búsqueda de una Patria libre y democrática (sic)”, pero luego se redefinió como “un grupo de reacción rápida a la defensa de su ciudad”.
De acuerdo con los antecedentes, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas y agredían a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS en Cochabamba en los conflictos de 2019.
Este grupo tenía lugares estratégicos para reunirse y organizarse, como la plaza de Cala Cala, plaza 4 de Noviembre, el lavadero de autos de propiedad de la familia Bascopé, ubicado en la avenida Melchor Pérez esquina Demetrio Canelas, donde guardaban bazucas artesanales, escudos, explosivos y otros objetos contundentes utilizados para sembrar el miedo en las jornadas de octubre y noviembre de 2019.
Con la sentencia contra sus líderes, se demuestra una vez más que la justicia tarda, pero llega.
