En un año de régimen de facto, Jeanine Añez dejó el país con dos masacres de civiles desarmados, en crisis económica, desempleada y con una sociedad dividida. El confinamiento que aplicó su improvisada administración generó una ola de despidos de trabajadores, el cierre o la reducción de empresas y elevó en 2020 las tasas de desempleo más altas de los últimos 14 años, con un 11,8%.
Su ineptitud en el manejo de la pandemia dejó nueve mil muertos, aunque ocultó otros once mil que quizá habrían tenido alguna oportunidad de sobrevivir a la enfermedad si de por medio no hubiera traficado con la salud de los bolivianos con la compra de inservibles respiradores para los pacientes con Covid-19.
Añez autorizó la compra de 500 respiradores. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno. Pero los aparatos, producidos por la empresa catalana GPA Innova, tenían un precio de fábrica de $us 7.194.
Otros casos de corrupción también salpicaron su corta administración.
El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes está acusado de conducta antieconómica, mientras que los altos cargos de la estatal petrolera fueron imputados por presuntas irregularidades en millonarias contrataciones establecidas durante la cuarentena y la paralización de una factoría.
La senadora autoproclamada presidenta —que tomó el mando de la nación el martes 12 de noviembre de 2019 con un simbólico hecho: la banda presidencial se la puso el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, enfundado en uniforme de combate— permitió la venta de cargos e irregulares compras en la Dirección General de Aeronáutica Civil, contrató a parientes y amigos a diestra y siniestra, uno de sus ministros, excívico, traficó sin empacho con tierras fiscales, otro negoció con armamento no letal y su hija disponía de aeronaves del Estado para desayunar en Santa Cruz, almorzar en Cochabamba y pernoctar en Trinidad.
Un ministro de su círculo cercano permitía impunemente que una reina de belleza viajara en el avión presidencial.
Uno de esos escandalosos casos ha alcanzado por fin a Jeanine Añez. El Ministerio Público la acusó formalmente por el nombramiento ilegal de su prima Karina Leiva Áñez como gerente en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
Sobre la exlegisladora pesan los cargos penales de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones.
Karina Leiva Áñez fue designada en un cargo tan alto en EBA cuando apenas era estudiante universitaria de sexto semestre.
Un gobierno corto y corrupto como el de Jeanine Añez es comparable solo con el del despótico, y golpista como ella, de Luis García Meza.
Quizá por eso mismo, al concluir su mandato, que se extendió por un año, Jeanine Añez no solo se fue huérfana y repudiada por sus aliados, sino también con una sociedad que le dio la espalda.
