Las nacionalizaciones primero, luego la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y ahora la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo son los tres grandes temas en torno a los cuales los opositores erigieron sus mentiras para descalificar las políticas del Gobierno, y aún lo hacen.
Sin embargo, en las dos primeras ya tuvieron que retractarse porque lo que afirmaron resultó falso. Hoy pocos recuerdan esas mentiras fraguadas desde la oposición y amplificadas por algunos medios de comunicación.
El 1 de mayo de 2006, el naciente Gobierno boliviano de izquierda nacionalizaba los hidrocarburos y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) era la primera empresa en ser recuperada, luego de que la larga noche del neoliberalismo la convirtió en una “residual” sin oficio ni beneficio, con una veintena de trabajadores que pululaban en un edificio de 10 pisos en la avenida Camacho.
A partir de ese hecho se produjeron las otras nacionalizaciones, el sector de la energía y las telecomunicaciones. Todo fue un proceso, primero la producción, luego el transporte y finalmente la distribución.
De ese modo cayeron las aves de mal agüero que vaticinaban que la política de las nacionalizaciones no iría muy lejos. 18 años después de la primera, los hidrocarburos siguen a la vanguardia en la generación de recursos para el país.
La segunda mentira se fraguó sobre la redacción de una nueva Constitución Política del Estado que se tejió dentro la Asamblea Constituyente. El 7 de febrero de 2009 se promulgaba la nueva Carta Magna luego de recorrer un borrascoso camino de 30 meses de conflictos.
¿Cuál fue el argumento de entonces? Que el Estado quitaría a las personas su propiedad, que sacarían a la Iglesia Católica del país, que se preparaba una cacería de opositores políticos y que se instauraba en Bolivia una dictadura.
Rara dictadura con presencia de partidos políticos de oposición en la propia Asamblea Constituyente, luego en el Congreso que después se denominaría Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ninguna persona perdió su propiedad y no confiscaron bienes a los que tenían empresas productivas; la Iglesia Católica no fue expulsada, sino que tuvo que aprender a sobrevivir con otras denominaciones religiosas que vivían al margen del derecho constitucional.
Por tanto, los dos primeros problemas ampliados por los opositores resultaron una mentira y jamás pidieron una disculpa por haberse equivocado y mentido sobre estos temas.
Hoy le toca enfrentar a la Gestora el alud de versiones sobre su operatividad y los sectores más radicales parecen haberse atrincherado en la decisión de no permitir la operación de esta entidad estatal.
Sus autoridades ya dijeron que en este momento hay siete entidades financieras que pagan las pensiones a los miles de jubilados, quienes tienen que hacer interminables filas cada mes en las puertas de los únicos siete bancos habilitados. La Gestora está contratando a 30 entidades bancarias para el pago de rentas, lo que eliminará prácticamente las enormes filas que se instalan apenas comenzado el mes.
Se hizo conocer además que las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) aplican cuatro tipos de descuentos por la administración de ese dinero y que deben se erogados por el jubilado; ahora habrá un solo descuento; dijeron también que no existe ninguna posibilidad de que la Gestora utilice el ahorro de los jubilados para gastos del Estado porque la ley lo impide.
Todos esos puntos no son adecuadamente informados a la población, lo que significa que al Gestora debe elaborar una rápida y ágil política de comunicación y un “tour de medios” todos los días para socializar su tarea de cara a mayo, no queda mucho tiempo, hay que agilizar las ideas y las decisiones.
Sin embargo, solo es cuestión de tiempo para que quienes lanzan sus dardos y divulgan falsedades sobre la Gestora tengan que retroceder en sus posturas.
