El mensaje del presidente Luis Arce a la nación marca un punto de inflexión en la crisis que atraviesa Bolivia.
Después de 19 días de un bloqueo que ha dejado 70 heridos —61 de ellos policías— y pérdidas superiores a los 1.700 millones de dólares, el mandatario puso las cartas sobre la mesa: o se levantan los bloqueos, o el Estado ejercerá sus facultades constitucionales para proteger el interés colectivo.
La claridad del mensaje presidencial contrasta con las oscuras motivaciones detrás de estos bloqueos. Lo que se presenta como una "protesta social" es, en realidad, un intento descarado de chantaje al Estado de derecho. La ecuación es tan simple como perversa: o se garantiza la impunidad de Evo Morales y su candidatura inconstitucional, o "correrá sangre".
Los hechos son elocuentes. Mientras la Policía se limita al uso de gases lacrimógenos, los bloqueadores responden con armas de fuego y dinamita. Mientras el Gobierno llama al diálogo, ellos secuestran periodistas. Mientras las familias bolivianas sufren el desabastecimiento, los instigadores hablan abiertamente de guerra civil.
El presidente Arce ha demostrado una paciencia encomiable. Antes del inicio de los bloqueos, tendió puentes de diálogo para evitar el desabastecimiento y las pérdidas económicas.
La respuesta fue una lista de condiciones inaceptables que exceden las competencias del Ejecutivo: la anulación de procesos judiciales y la imposición de una candidatura inconstitucional.
La hipocresía de los bloqueadores alcanza niveles alarmantes cuando invocan el "derecho a la protesta" mientras atentan contra la vida de policías, periodistas y personal de salud.
¿Qué derecho puede justificar la inducción premeditada al desabastecimiento para provocar hambruna? ¿Qué legitimidad puede tener una protesta que impide que los niños vayan a la escuela y que los trabajadores lleguen a sus empleos?
El presidente Arce tiene no solo el derecho sino la obligación constitucional de actuar. El artículo 9 de la Constitución establece como fines esenciales del Estado garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de las personas.
Cuando un grupo pretende paralizar el país para imponer la impunidad de su líder, el Estado debe responder con toda la fuerza de la ley.
La amenaza es clara: "Candidatura de Evo o correrá sangre, impunidad de Evo o correrá sangre".
Ante semejante chantaje, no puede haber diálogo sin el previo levantamiento de los bloqueos. La democracia no se construye sobre la base de la extorsión, ni la justicia se negocia en las carreteras.
Las facultades constitucionales que el presidente Arce ha advertido que utilizará no son una amenaza sino una garantía para el pueblo boliviano.
El Estado tiene mecanismos legales para restablecer el orden cuando está en juego el interés colectivo, y es hora de emplearlos. La democracia debe defenderse cuando es atacada desde dentro por quienes pretenden estar por encima de la ley.
La sociedad boliviana no puede seguir siendo rehén de ambiciones personales. Los 1.700 millones de dólares en pérdidas, los casi 100 heridos, las familias sin acceso a alimentos y combustibles, los niños sin escuela, todo esto clama por una acción decidida del Estado.
El presidente Arce tiene el respaldo constitucional y el deber moral de actuar para restablecer la normalidad.
La hora de la verdad ha llegado. O Bolivia reafirma que nadie está por encima de la ley, o sucumbe ante el chantaje de quienes pretenden comprar su impunidad al precio del sufrimiento colectivo. El mensaje presidencial es claro: el Estado de derecho se defenderá.
